El último martes 21 de mayo, el juez Dias Toffoli del Supremo Tribunal Federal de Brasil anuló varios procesos judiciales contra Marcelo Odebrecht, vinculados al caso de Operación Lava Jato en dicho país. La decisión generó gran revuelo, pues el empresario de la constructora Odebrecht participa en una gran cantidad de casos en el Perú, que también están relacionados con el Equipo Especial Lava Jato, grupo que lleva una serie de procesos judiciales contra varios políticos y expresidentes peruanos. Ante la preocupación de que estos casos se vean afectados, el fiscal coordinador de dicho equipo, Rafael Vela Barba, descartó cualquier peligro.
En declaraciones para los medios de comunicación, el fiscal, quien fue recientemente repuesto en el cargo tras una suspensión que es motivo de investigación por la Fiscalía de la Nación, señaló que “de momento, no hay ninguna afectación, el señor Marcelo Odebrecht efectivamente es testigo, no es un colaborador eficaz. Y ha siempre presentado su disposición a poder colaborar con el sistema de justicia del Perú”.
Como se sabe, tras reportarse la noticia de la anulación de los procesos contra el empresario, especialistas e incluso fiscales entraron en un debate que constituía la posibilidad de que la justicia en el país brasileño se encontraba politizada, al estar sujeta a designación por entes políticos. En ese marco, se detallaban faltas al debido proceso perpetradas por el exfiscal Sergio Moro y al equipo de trabajo de Lava Jato.
Advierte politización en la justicia brasileña, pero descarta que afecte al Perú
El coordinador del Equipo Lava Jato detalló que existe un “fenómeno de presunta politización de la justicia en el Brasil”. “Entonces, siempre el Sistema de Cooperación Internacional si puede verse afectado, pero ese es un asunto que, de momento, no advertimos, porque la cooperación se ha mantenido dentro de lo que corresponde a las actuaciones de ex ejecutivos de la empresa Odebrecht que tienen un acuerdo de colaboración eficaz [en el país]”, agregó.
En ese sentido, también opinó la actual procuradora ad hoc para el caso Lava Jato, Silvana Carrión, quien enfatizó que las investigaciones en Perú no solo dependen de las pruebas proporcionadas por Odebrecht, sino también de información de otras empresas peruanas y colaboradores independientes. Ejemplificó con el caso de Ollanta Humala, donde los jueces demostraron su capacidad de procesar pruebas autónomamente.
Este mismo caso fue citado por Vela Barba, quien precisó que “en el caso Humala Tasso, los jueces ya han tomado una posición clara de que esos fallos judiciales de Brasil no tienen ningún grado de aplicabilidad directa en el Perú”; por lo que cualquier detalle que pueda surgir en el vecino país pueda perjudicar al desarrollo de las investigaciones en la justicia peruana.
En referencia a la cooperación de ex ejecutivos de Odebrecht, Vela Barba mencionó que “de hecho mañana declara un ex ejecutivo de la empresa Odebrecht en el juicio oral de Alejandro Toledo”. Destacó que no se espera ninguna afectación debido a las posiciones claras adoptadas por los jueces peruanos en casos anteriores, como el de Humala Tasso, sobre la no aplicabilidad directa de los fallos brasileños en Perú.
Efectividad de las pruebas se vería en juicio contra Keiko Fujimori
Para el caso de Marcelo Odebrecht, la resolución afecta solo a los procesos donde no reconoció culpabilidad. Cabe destacar que Odebrecht no colabora con la justicia peruana y actúa únicamente como testigo. Por tanto, es probable que Toffoli impida su declaración en otros juicios en Perú.
Sin embargo, el titular del equipo Lava Jato consideró que se encuentra expectante en que la eficacia de las pruebas independientes que tiene el Perú en contra de varios investigados en el marco del caso que involucran a la Constructora Odebrecht sean finalmente atendidas en el próximo juicio que se avecina contra Keiko Fujimori.
“Habría que determinar (otras posibles afectaciones menores) en el desarrollo del juicio oral más próximo, que es el de la señora (Keiko) Fujimori, que nosotros estimamos que, de no existir ninguna perturbación ajena a lo que significa ya la decisión judicial, debería instalarse el primero de julio. De momento, no tenemos ninguna afectación directa”, resolvió Vela Barba.