Paro de 72 horas en Ayacucho: rechazan gestión del ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho

Las comunidades campesinas y organizaciones en Ayacucho han iniciado hoy un paro agrario de 72 horas, demandando la anulación de más de 79 concesiones mineras en territorio rural y cabeceras de cuencas.

La movilización fue anunciada semanas atrás, tras la falta de respuestas del Gobierno de Dina Boluarte, ante reclamos vinculados a la defensa de la vida, el territorio y los recursos hídricos de la región, que fueron presentados inicialmente por distintos sectores de la población de las provincias como Vilcashuamán y Huanta.

En particular, en Vilcashuamán la sociedad civil ya había cumplido un paro de dos días el mes pasado, oponiéndose a la imposición de proyectos mineros. Las movilizaciones fueron acordadas por la asamblea general del Frente de Defensa de Ayacucho, que respalda las luchas históricas contra el modelo minero.

La acción actual es de alcance regional y se concentra en la ciudad de Ayacucho, donde se han suspendido clases y cerrado locales comerciales.

En concreto, las demandas del paro incluyen el reconocimiento del derecho de propiedad del suelo y el subsuelo para las comunidades campesinas, la asignación prioritaria de presupuesto para sistemas de irrigación y la conservación de las cabeceras de cuenca.

También solicitan la instalación de una mesa técnica con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la implementación del sistema de gas domiciliario, entre otras medidas. Además, rechazan la gestión del ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho Mamani.

Actualmente, las concesiones mineras en Ayacucho cubren 1 millón 214,429.37 hectáreas, es decir, el 27.91% de su territorio. Las provincias más afectadas son Paucar del Sara Sara, Lucanas, Sucre, Huanca Sancos y Parinacochas, según un informe de la ONG CooperAcción.

Sin embargo, en Huanta, aunque las concesiones son menos numerosas, las fuentes de agua están en riesgo por estas actividades, como denuncian las comunidades locales. Esto se evidencia en el mapa de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, principalmente por la afectación de las fuentes de agua.

Una de las problemáticas más recientes tiene que con las protestas contra las actividades mineras cercanas a la cuenca hidrográfica Razuhuillca, llevando a la conformación de una mesa técnica con el Gobierno Regional de Ayacucho.

Esto con el fin de declarar las cabeceras de cuenca como zonas intangibles y cancelar las concesiones mineras en Huanta. Las acciones contaron con el apoyo de comunidades, sindicatos y organizaciones civiles preocupadas por el impacto ambiental y sobre los recursos hídricos.

Respecto a lo anterior, el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima Núñez, afirmó estar gestionando la anulación de concesiones para proteger el medio ambiente, pero fue acusado por el Frente de Defensa de aprobar licencias de manera contradictoria.

Esto a pesar de que el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) es quien otorga concesiones a nivel nacional, mientras que los permisos de minería a pequeña escala son competencia de los gobiernos regionales.

Emiliano Bellido Quispe, presidente de la comunidad de Colpapampa, estimó que alrededor de 3 mil personas se han sumado a las acciones, que se extenderán hasta el jueves 23 de mayo. En tanto, no se han registrado actos de represión por parte de las fuerzas del orden ni pronunciamientos adicionales por parte del Ejecutivo.