María Caruajulca mandó carta notarial al Ministerio de Justicia: insiste en su reposición como procuradora general del Estado

Acudió a la sede de la Procuraduría General del Estado (PGE) acompañada de efectivos policiales, pero no se le dejó entrar. La abogada María Caruajulca remitió una carta notarial al titular del Ministerio de Justicia, Eduardo Arana, luego de que se le impidiera ingresar a la entidad a la que se le repuso a través de una medida cautelar.

“Como es de público conocimiento, la primera sala constitucional de la corte superior de justicia, a través de la Resolución 1 (auto de apelación cautelar) de fecha 25 de marzo del 2024 dispuso la suspensión provisional de los efectos de la resolución publicada el 6 de octubre que resolvió dar por concluida mi designación como procuradora general del Estado y ordenó que en el plazo de tres días su despacho y la presidenta me repongan de forma inmediata”, mencionó en la carta.

“Hoy me constituyo a la sede principal de la Procuraduría general del estado a las 8 am para cumplir con lo dispuesto por la primera sala constitucional de la corte superior de justicia de Lima; sin embargo, fui atendida por la señora Jackeline Rojas Grandez (jefa de la oficina de asesoría jurídica de la PGE) y Óscar Ubaldo (abogado de la gerencia general de la PGE), quienes sin razón me indicaron que no podía ingresar a la institución para cumplir con el mandato judicial y asumir el cargo de procurador general del Estado”, alertó.

Dicha misiva se suma a la enviada al actual titular de la entidad, Javier Pacheco, a fin de que cese sus funciones. “Teniendo en cuenta que usted, con fecha 17 y 20 de mayo 2024, ha ingresado en el cuaderno principal de mi expediente de acción de amparo el escrito sumillado: ‘Solicito se autorice la constitución o intervención litisconsorcial necesaria del procurador general del Estado’ se entiende que es de su absoluto conocimiento el mandato cautelar de los Jueces de la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior”, se lee en la carta presentada por Caruajulca.

Ante ello, la funcionaria instó al saliente procurador general, a que, “a partir de las 00:00 horas del 21 de mayo 2024 se abstenga de realizar cualquier acción única, exclusiva y excluyente competente al Procurador General del Estado y de la Presidencia del Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado, caso contrario, se tomarán las acciones legales que correspondan conforme a ley”.

A través de un comunicado, la cartera liderada por Arana informó que esperará el pronunciamiento de la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima respecto a la “ejecutabilidad” de la sentencia que repone a María Caruajulca Quispe.

“Se advierte que dicho mandato judicial no específica la forma en la que, en el contexto actual, distinto al existente en el moderno de concedida la medida cautelar, coadyuvaría a su ejecutabilidad. En vista de ello, el MINJUSDH, la PCM y la PGE se encuentran a la espera del pronunciamiento correspondiente del referido órgano jurisdiccional, en atención a los escritos procesales que, oportunamente, han sido ingresados ante la mesa de partes del colegiado, exponiendo con detalles los argumentos jurídicos procesales del conflicto generado”, escribieron.

Finalmente, afirmaron que “el Estado es respetuoso de las decisiones judiciales emitidas por los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial en el ejercicio regular de sus funciones y competencias”.

En declaraciones a la prensa, la letrada insistió en que su salida fue arbitraria “bajo el concepto de pérdida de confianza, pese a que las normas de la Procuraduría General del Estado, de manera clara y precisa, establecen que a un procurador no se le puede cesar por pérdida de confianza”.

Agregó que todos los mandatos judiciales “se deben cumplir, pero cuando es un mandato de un órgano constitucional, con mayor razón”. Advirtió que en caso de incumplimiento existen “penas más severas, inclusive destitución y detención provisional”.