Dina Boluarte se declaró preocupada ante el agravamiento de la pobreza en su mandato

La mandataria dejó de leer su discurso en un simposio sobre minería para referirse al reciente informe del INEI sobre la pobreza.

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Fuente: Canal N

La presidenta Dina Boluarte expresó este martes su preocupación por el aumento del índice de pobreza en Perú, que alcanzó el 29 % en 2023 —más de 1,5 puntos porcentuales respecto a 2022—, mientras que la pobreza extrema afectó al 5,7 % de los ciudadanos.

Durante su participación en el Simposio XV Encuentro Internacional sobre Minería, la mandataria dejó de leer su discurso para referirse en específico a los resultados del informe ‘Perú: Evolución de la Pobreza Monetaria’, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

“Comparto la preocupación de que la pobreza y la pobreza extrema han tenido un crecimiento en el 2023. Las causas son que necesitamos un país en paz, un país en que la democracia, que aún es débil, se fortalezca para que podamos generar confianza jurídica y política a nivel nacional e internacional”, dijo.

En ese sentido, subrayó la importancia de que los inversores perciban al Perú “como una nación que progresa en paz, democracia y unidad”, para que aseguren sus capitales y “podamos generar calidad de vida y acortar la brecha de pobreza”.

Gustavo Adrianzén pide no ser "alarmistas" por cifras sobre el aumento de la pobreza en el Perú (TV Perú Noticias)

En 2023, la población en condición de pobreza en el país alcanzó los 9,78 millones de personas, lo que representa un aumento de 596,000 ciudadanos respecto a 2022, año en que el expresidente fue destituido y encarcelado después de orquestar un autogolpe de Estado.

Según el documento del INEI, otros 1,922 millones de peruanos vivían en situación de pobreza extrema, lo que significa un incremento de 249,000 personas. Además, la pobreza en las áreas urbanas subió 2,3 puntos porcentuales, hasta ubicarse en 26,4 %, mientras que en las zonas rurales descendió 1,3 puntos porcentuales, llegando al 39,8 %.

El informe generó controversia horas antes de su publicación, ya que el INEI informó que la presentación se postergaría. Según Canal N, la propia jefa de Estado censuró su divulgación. Posteriormente, el jefe de la entidad, Peter Abad, confirmó que “la postergación se debió a una disposición expresa de la Presidencia del Consejo de Ministros”.

Inversiones mineras por US$ 995 millones

Durante su alocución, Boluarte aseguró también que, en el primer trimestre de este año, Perú atrajo inversiones mineras por US$ 995 millones, un 17% más que en el mismo periodo de 2023. Según la gobernante, los principales montos de inversión se registran en los proyectos Quellaveco, Antamina, Las Bambas y Toromocho.

Dina Boluarte en una fotografía de archivo. Foto: Presidencia/Flickr
Dina Boluarte en una fotografía de archivo. Foto: Presidencia/Flickr

Sostuvo, además, que en lo que va del 2024, la minería generó recursos para municipios y regiones por más de 2.396 millones de soles (US$ 632 millones) en canon, regalías mineras y otros conceptos, y que se han viabilizado 75 proyectos de exploración minera, en 17 regiones.

“Es importante y necesario que trabajemos de manera colaborativa para garantizar que la minería se desarrolle de manera formal y responsable, preservando el entorno natural y contribuyendo al bienestar de las comunidades donde operan”, refirió.

En el mismo evento, el presidente del directorio de la empresa minera Buenaventura, Roque Benavides, elogió que Boluarte haya dejado el “discurso antiminero” que sostenía durante la campaña presidencial junto a Castillo.

“Hoy, los Ministros de Estado tienen muchísimo más nivel y tenemos un ministro como Rómulo Mucho en el sector, que es un hombre que entiende la inversión minera y por supuesto también quieren ver resultados. Hay que ponerle punche a los proyectos mineros y sacarlos adelante”, señaló.

El empresario también subrayó la necesidad de combatir la criminalidad asociada a la minería ilegal y propuso brindar incentivos para la formalización. Además, sugirió no extender más el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), un mecanismo del Gobierno para regularizar las operaciones de minería artesanal y pequeña minería, al que calificó como un “papel mal utilizado”.

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