Luego que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, acusara a los medios de comunicación de ser responsables por el tráfico en la capital, la reacción del Consejo de Prensa Peruana y del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) no se hizo esperar.
Hoy, por la tarde, a través de un comunicado difundido en la red social X (antes Twitter), las dos asociaciones civiles condenaron el discurso del burgomaestre, quien ha arremetido en varias ocasiones contra la prensa, la misma que considera adversa a su gestión.
En su pronunciamiento, tanto el Consejo como IPYS rechazaron el lenguaje utilizado por López Aliaga, describiéndolo como estigmatizante e instaron a la autoridad en cuestión a demostrar mayor tolerancia hacia todos los medios de comunicación, independientemente de si aprueban o no su cargo.
“Nuestras organizaciones llaman la atención del alcalde de Lima respecto a la tolerancia que debe tener una autoridad pública con todos los medios de comunicación así no sean de su agrado porque lo critican o fiscalizan su gestión”, apuntaron.
¿Por qué surgió esta declaración de López Aliaga?
Los comentarios de López Aliaga generaron controversia al responsabilizar a los medios de comunicación por la congestión vehicular en las calles de Lima, después que se revelara el pedido que realizó a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) para utilizar las vías exclusivas del Metropolitano, ya que el tráfico dificulta el cumplimiento de su agenda.
Específicamente, en una publicación en las cuentas oficiales de la Municipalidad de Lima —difundida el 19 de mayo—, el burgomaestre explicó que solicitó el uso exclusivo de estas vías para un vehículo destinado a su seguridad.
Pues, según el alcalde, la exclusividad en el uso de la vía del Metropolitano es necesaria para garantizar su protección ya que enfrenta amenazas de mafias internacionales como Odebrecht y OAS, además de mafias locales.
Esto en medio de un contexto donde la corrupción es la principal causante de la congestión vehicular en Lima Metropolitana, situación que sería apañada por los medios de comunicación como El Comercio y La República, de acuerdo a la autoridad edil.
En esa misma línea, agrega que esta “corrupción” impide cerrar la brecha de infraestructura vial en la ciudad, lo que responde a la parte del comunicado donde se detalla que el alcalde necesita la autorización para garantizar su seguridad y poder supervisar obras y atender emergencias en toda la ciudad.
Solicitud se presentó con carácter de urgencia
La solicitud presentada a la ATU menciona la urgencia de desplazarse eficientemente por la congestión vehicular, especialmente en los accesos al centro de Lima.
No obstante, la Resolución Directorial N° D-000017-2024-ATU/DO establece que las vías exclusivas del Corredor Segregado de Buses de Alta Capacidad (COSAC 1) solo pueden ser usadas en casos de emergencia. Pero, López Aliaga argumentó que la seguridad y la necesidad de mitigar la congestión justifican su pedido para utilizar estas rutas extraordinariamente.
Otros cuestionamientos en cola
En tanto, otros cuestionamientos hacia López Aliaga se mantienen en los oídos de la opinión pública. El más reciente tiene que ver con un gasto de más de 8 millones de soles en abogados y consultores extranjeros, de acuerdo al semanario Hildebrandt en sus Trece.
El reportaje revela que, si bien el alcalde de Lima prometió durante su campaña el cese de contrataciones de servicios de consultorías y asesorías externas, la Municipalidad Metropolitana de Lima habría invertido más de 8.6 millones de soles en consultoras extranjeras durante su gestión.
En concreto, el desemblo incluiría la contratación de la consultora colombiana Inkerlink SAS por 1.8 millones de soles para calcular el monto que se tendría que pagar a la concesionaria Rutas de Lima tras la anulación del contrato del peaje. Y, por otro lado, la contratación del estudio de abogados K&L Gates de Seattle por 927 mil soles para gestionar sanciones contra Brookfield, socia mayoritaria de Rutas de Lima.