La anticipación de la próxima visita de la presidenta Dina Boluarte a China en junio ha generado un revuelo mediático que no pasa desapercibido. Las expectativas están en aumento a medida que se revelan detalles sobre los temas cruciales que se abordarán durante este encuentro diplomático de alto nivel.
Según el ministro de Agricultura, Ángel Manero, se espera que esta trascendental reunión toque una variedad de asuntos, con un enfoque particular en las exportaciones de carne vacuna a China. Durante la sesión del Consejo de Ministros, el titular de la cartera destacó la inclusión de este tema en la agenda, destacando la importancia estratégica de abrir nuevos mercados para los productos peruanos.
“La presidenta Dina Boluarte está yendo a China en junio y lleva 28 puntos para tratarlo con el presidente chino (Xi Jinping). Hemos logrado incorporar el punto 29: exportar carne a China”, expresó durante la conferencia de prensa tras la sesión del Consejo de Ministros.
El énfasis en la exportación de carne vacuna a China no es casualidad. En un contexto económico donde la pobreza alcanzó niveles preocupantes, con un índice que supera el 29%, según el informe sobre Pobreza Monetaria 2023, el potencial beneficio financiero de esta iniciativa es considerable. Manero estima que esta exportación podría generar entre 3 mil y 4 mil millones de dólares en el mediano plazo, lo que representa una oportunidad significativa para impulsar la economía peruana.
Esto respondió el ministro de Relaciones Exteriores
Por otro lado, el ministro de Relaciones Exteriores, Javier González-Olaechea, respondió a las críticas surgidas en torno a esta visita oficial. En una entrevista en Contracorriente destaca la importancia de fortalecer los lazos con China, el principal socio comercial del Perú. Además de las exportaciones de carne, la agenda incluirá discusiones sobre infraestructura, salud digital y transferencia de tecnología en inteligencia artificial.
El ministro enfatizó que esta visita es una oportunidad invaluable para establecer vínculos con importantes empresarios del sector tecnológico chino, una tarea que no podría llevar a cabo el presidente en funciones debido a las limitaciones logísticas. González-Olaechea destacó que el viaje aún no ha sido presentado ante el Congreso, pero se espera que sea sometido a consideración en las próximas semanas, junto con todos los fundamentos necesarios y la agenda detallada.
“No se puede rechazar y le conviene a los intereses del país atender una visita de estado que además representa al primer socio comercial del Perú, donde se van a tocar diversos temas. Yo destacaría tres: infraestructura, estructura hospitalaria, ferroviaria; la importancia de que se pueda extender desde Brasil hasta Chancay o que Brasil se interese en poner un tren. También, todo lo que es salud digital, que se podrá observar en China donde hay más de 20 millones de personas y en un día puedes hacer 4 o 5 consultas y puedes terminar en un quirófano. Además, todo lo que es transferencia en inteligencia artificial. Estos son los temas principales, otros también se tratarán”, comentó el ministro.
Ministro no cree que las polémicas sea un problema
Sin embargo, las polémicas que rodean esta visita no parecen ser un obstáculo para el ministro. Ante las preguntas sobre presiones externas y la inestabilidad política en el país, González-Olaechea se mostró confiado en que el viaje se llevará a cabo sin contratiempos.
“Yo creo que lo resuelto por la sala desbarató la figura forzada de la señora fiscal Barreto, quien argumentó un peligro de fuga que no existía. Lo que resolvió la sala, donde no había fundamentos para argumentar que se trataba de una organización criminal”, respondió al ser consultado por los casos de Nicanor Boluarte y la inestabilidad en el Perú.
Es importante destacar que, según la legislación vigente, este tipo de visitas oficiales deben recibir la aprobación del Congreso de la República. La presidenta Dina Boluarte ya anunció públicamente su intención de viajar a China, a pesar de que aún no se ha obtenido la autorización legislativa requerida. Este movimiento plantea interrogantes sobre la legalidad del gasto asociado al viaje y alimenta las críticas en un momento político delicado para la mandataria.
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