Contratos en el Ministerio de Vivienda: 10 personas fueron beneficiadas luego de reunirse con asesor de Hania Pérez de Cuéllar

La ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, enfrenta nuevas acusaciones de presuntas irregularidades en su gestión. El dominical Cuarto Poder reveló que al menos 10 personas fueron beneficiadas con órdenes de servicios que superan los S/ 15 mil luego de reunirse con su asesor II, Jorge Rochabrunt.

Como se recuerda, la amistad entre Cuéllar y su asesor data desde hace varios años, al punto de que aparece en un parte policial en el que el ahora funcionario deja constancia que, luego de abandonar su casa por presunta violencia familiar, se alojará en el hogar de ella.

El reportaje no solo cuestiona las designaciones sino el perfil de los beneficiados. Entre ellos el de Jason Klisman, un joven sentenciado por robo agravado, quien luego consiguió un puesto en el ministerio, donde se mantiene hasta la actualidad.

Al ser consultado sobre si se considera un delincuente rehabilitado, indicó que no sabría responder ello, pero que cumplió con lo que se le impuso. El joven trabajador que acompaña y transmite alguna de las actividades oficiales de la ministra fue captado por cámaras de seguridad robando un televisor, una laptop y un PlayStation en 2016 a su vecina. Sin embargo, tras reunirse con Rochabrunt el 13 de octubre de 2023, Klisman obtuvo órdenes de servicio por más de S/ 15 mil.

“Que alguien lo consiga así de rápido con ese prontuario quiere decir que o es muy importante o es necesario Ahora, ¿la ministra sabía o está delegando conscientemente para después decir fue mi asesor, no fui yo?”, opinó, consultado por el medio, el director de la Defensoría Nacional Anticorrupción, Eduardo Herrera.

Francisco Gavidia, otro beneficiado, habría cobrado S/ 24 mil por el servicio de coordinación para el seguimiento de las carteras priorizadas a cargo de la Oficina General de Monitoreo y Evaluación del Impacto del Ministerio de Vivienda, solo 36 horas después de visitar la oficina de Rochabrunt. Por su parte, Jorge Natividad Hinostroza, amigo de la ministra, obtuvo múltiples órdenes de servicio acumulando S/ 96 mil en asesoría legal.

José Antonio Trelles, especialista en contratación pública, opinó que “no son funciones de un asesor reunirse con terceros que potencialmente van a ser contratistas con la entidad”. “Podría ser que esté realizando una actuación de usurpación de funciones personales que no le competen”, agregó cuestionando la legalidad de las acciones de Rochabrunt.

En el informe también se menciona a Jessica Esperanza Pereyra Fajardo, con quien Rochabrunt estudió una maestría. Ella obtuvo su primera orden de servicio como especialista en comunicaciones por S/ 24 mil, pocos días después de reunirse con el asesor. Además, obtuvo otras siete órdenes de servicio por casi S/ 100 mil para trabajar en el programa nacional de saneamiento urbano, que no tiene ninguna dependencia funcional con Rochaburnt.

A través de un comunicado, el Ministerio de Vivienda reconoció la designación de las 10 personas expuestas en el reportaje, sin referirse a las reuniones previas a la contratación de personal. En defensa de Rochabrunt, la cartera indicó que el funcionario cumplió con elevar “propuestas y recomendaciones a los diferentes órganos de la alta dirección en los temas de su competencia, por lo tanto, no ha ejecutado ninguna contratación en su calidad de asesor”.

“En todo proceso de contrataciones es el área usuaria quien evalúa y toma la decisión final, siguiendo el principio de pleno ejercicio de la autonomía y responsabilidad funcional. Condenamos que se vulnere la honra de un equipo profesional con experiencia y trayectoria validada por la transparencia de sus actos”, agregaron y destacaron que todos los miembros del gabinete de asesores “informan permanentemente su trabajo y resultados”.