El fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena Campana, presentó una demanda ante el Tribunal Constitucional contra cuatro decretos promulgados por el Congreso, pues interfieren con las funciones constitucionales del Ministerio Público y buscan una “forzada reorganización institucional” que podría afectar el estado de derecho y la democracia.
La demanda de inconstitucionalidad por los decretos legislativos 1592, 1604, 1605 y 1611 surge en respuesta a diversas normas promovidas tanto por el Ejecutivo como por el Legislativo. Según explicó Villena, estos impactan especialmente en el rol de conductor de las investigaciones del delito desde su inicio de la Fiscalía.
El análisis de estos decretos, expedidos en los últimos meses por el Poder Ejecutivo, fue realizado por una comisión de expertos coordinada por el fiscal supremo Alcides Chinchay durante un período de cuatro meses.
Estos son los cuatro dictámenes que vulneran funciones de la Fiscalía
- El decreto legislativo 1592 asigna a la Policía Nacional el combate contra el tráfico ilícito de drogas, incluyendo la investigación de este delito en diversas manifestaciones, lo que implica operaciones en rutas a puertos, aeropuertos, y otros espacios no considerados zona primaria.
- Por su parte, el decreto legislativo 1604 establece que la Policía Nacional llevará a cabo la investigación del delito desde el conocimiento de la noticia criminal, comunicando al Ministerio Público conforme al Código Procesal Penal y las leyes correspondientes.
- Además, el decreto legislativo 1605 modifica 30 artículos del Nuevo Código Procesal Penal, permitiendo que la Policía realice diligencias preliminares de investigación de manera autónoma.
- Finalmente, el decreto legislativo 1611 dispone que la Policía Nacional asuma la investigación del delito de extorsión y delitos conexos.
Esta legislación, de acuerdo a la Fiscalía, va más allá de lo permitido y compromete la independencia funcional y operativa del Ministerio Público, un tema que la demanda presentada busca rectificar
Denuncia constitucional contra Dina Boluarte por abuso de autoridad
Dina Boluarte, presidenta del Perú, será denunciada constitucionalmente por el Ministerio Público por los presuntos delitos de abuso de autoridad, obstrucción a la justicia y encubrimiento personal. Esta denuncia se presentará ante el Congreso y, según fuentes del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP), fue revelada por el semanario Hildebrandt en sus Trece.
En particular, la denuncia se centra en la desactivación del Equipo Especial de la Policía que apoyaba al Equipo de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), justo un día antes de la detención de Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria, por orden del Poder Judicial. Además, se evalúa incluir el delito de organización criminal, según las mismas fuentes.
También hay consideración para incluir en la denuncia los presuntos delitos de cohecho pasivo impropio (soborno) y enriquecimiento ilícito, relacionados con el préstamo-regalo de relojes Rolex y joyas de oro y diamantes que la presidenta Boluarte lució en diversos eventos. Según Hildebrandt en sus Trece, Boluarte afirmó que estos artículos fueron “prestados” por el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.
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