El Congreso de la República se encuentra sujeto a una nueva polémica que tiene que ver con la derogación de la Ley N°30057, más conocida como la Ley del Servicio Civil, y que permite que el servidor civil cuente con la adecuada protección contra el término arbitrario de sus contratos. Pero no solo eso, sino que también es una norma que busca el acceso meritocrático a los puestos de trabajo mediante concurso público. La polémica y el motivo por el que esta ley ha generado preocupación, es que la Comisión de Trabajo del Legislativo, ahora busca su eliminación.
Como consecuencia de esta iniciativa, una serie de instituciones veladoras como el Colegio de Abogados de Lima ha alzado la voz a fin de que en el Congreso no se dé inicio con una reforma que plantee la eliminación de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), para dar paso a la conformación de una comisión tripartita en la que se plantea la participación del Ejecutivo, el Legislativo, y representantes de organizaciones de trabajadores estatales; a fin de dar con reformas como la “unificación de los regímenes laborales y de servicios.
Piden que el Congreso “reconsidere la decisión”
Como consecuencia, la entidad presentó un comunicado en el que expresa su profunda preocupación tras la aprobación del dictamen de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República que propone la derogación de la Ley N.° 30057 y el Decreto Legislativo N.° 1023, los cuales conforman la base para SERVIR. Según la institución, la derogación de estas normativas impactaría negativamente en la gestión pública; por lo que solicita que el Congreso “evalúe reconsiderar su posición”.
“Consideramos que esta medida constituye un significativo retroceso para la gestión pública en nuestro país. La Ley del Servicio Civil, promulgada en 2013, fue concebida con el propósito de establecer un régimen único para los servidores públicos (...). Aunque su implementación ha sido limitada, con solo el 0.1% de los empleados públicos adscritos a este régimen, la solución no radica en su derogación, sino en la mejora de su aplicación y gestión”, se detalla en el comunicado difundido el pasado sábado.
Y es que la norma buscaba plantear régimen uniforme para los servidores públicos, promoviendo la meritocracia y la profesionalización en la administración estatal. Sin embargo, una de las principales excusas de sus impulsores es que no ha existido una mayoría de beneficiarios de esta; no obstante, para el CAL, la supresión de esta ley pondría fin a los avances alcanzados en la modernización del servicio civil, afectando su transparencia, eficiencia e integridad.
Derogación de ley Servir afecta los procedimientos disciplinarios claros
Otro hecho que también advierte el Colegio de Abogados de Lima, es que la derogación también eliminaría el régimen disciplinario actual en la administración pública, lo cual afectaría la capacidad para ejecutar procedimientos disciplinarios claros y predecibles en caso de detectar faltas por parte de los servidores públicos.
La Junta Directiva del Colegio de Abogados de Lima subraya la necesidad de contar con funcionarios honestos y capacitados, seleccionados con base en sus competencias y méritos. La eliminación de la Ley del Servicio Civil truncaría los concursos públicos basados en la meritocracia, limitando el desarrollo profesional de los servidores públicos y restringiendo el acceso igualitario a la función pública.
“Asimismo, dejaría sin efecto el régimen disciplinario vigente en la administración pública peruana, afectando la capacidad de aplicar procedimientos disciplinarios transparentes y predecibles cuando se detectan posibles faltas de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. Este aspecto es crucial para mantener la disciplina y la responsabilidad dentro del servicio público”, advierte el CAL.
Por ello, el Colegio de Abogados de Lima “insta al Congreso de la República a reconsiderar esta decisión y, en lugar de derogar la ley, fortalecer su implementación mediante una gestión eficiente y un compromiso político claro”. Pero esto no es lo único que podría hacer el CAL ante esta medida, de seguir avanzando en el Legislativo, pues, de aprobarse y seguir su curso regular, esta institución sí tiene las facultades para presentar una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la norma.
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