La expresidenta del Consejo de Ministros, Bettsy Chávez, continuará recluida en el Establecimiento Penitenciario Anexo Mujeres de Chorrillos luego de que el Poder Judicial ratificara el rechazo a su recurso de cese de la prisión preventiva.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema desestimó la apelación de Chávez Chino y confirmó la decisión del juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley de mantener la orden de prisión preventiva contra la expremier que viene siendo procesada por rebelión a raíz del fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo.
En su recurso, Betssy Chávez volvió a invocar los testimonios de dos extrabajadoras que aseguran que la expremier no solicitó un modelo de decreto supremo, sino uno de renuncia para dimitir del cargo. Sin embargo, el tribunal supremo recordó que estos elementos ya habían sido descartados en una anterior decisión.
Además, la Sala Penal Permanente aseveró que aún persisten los elementos relacionados a que habría intentado refugiarse en la Embajada de Perú en México, como testimonios y el reporte de geolocalización del vehículo oficial.
“El material investigatorio acopiado, hasta el momento, confirma el presupuesto de sospecha grave y fundada, así como los requisitos de gravedad del ilícito objeto del proceso penal y de presencia de peligro de fuga, en un caso que ocasionó profunda alarma social más allá de que fracasara, al igual que de peligro de obstaculización ante la desaparición de las pruebas del ilícito, respecto de lo que encontraba en el despacho de la presidenta del Consejo de Ministros y del móvil que utilizó en sus comunicaciones relaciones con el caso”, se lee en la resolución.
La salud de Betssy Chávez
Betssy Chávez también sostuvo que no se tomó en cuenta su estado de salud ya que, afirma, ha bajado 12 kilos y padece enfermedades crónicas como gastritis y ovarios poliquísticos. Considera que le correspondería una medida coercitiva menos gravosa.
Sin embargo, el certificado médico legal determinó que Chávez Chino “se encuentra clínica y hemodinámicamente estable, que se sometió a una cirugía bariátrica por presentar alteraciones del metabolismo de la glucosa y obesidad de Grado I, en el Penal ha presentado síndrome febril y molestias gastrointestinales y auditivas, y no consta historial clínico en el Penal acerca del alegado padecimiento de ovarios poliquísticos”.
“Así las cosas, los problemas de salud de la encausada no son graves y pueden ser atendidos en el Establecimiento Penal. No se advierte que su mantenimiento en cárcel afectará irremediablemente su salud al punto de poner en riesgo severo su vida”, resolvió la Sala Suprema Penal Permanente.
Por estos argumentos, el tribunal supremo declaró infundada la apelación de la expremier Betssy Chávez y confirmó lo resuelto por el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley.
A un paso del juicio oral
El proceso penal por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 ya se encuentra en etapa intermedia. El 9 de mayo empezó el control de acusación a cargo del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. Una vez que se supere el control forma y sustancial, se emitirá el auto de enjuiciamiento.
En la audiencia, Castillo intentó minimizar nuevamente sus actos: “Se me acusa de cometer un delito que no cometí. En qué parte del Código Penal o de la Constitución se menciona el golpe de Estado. No he cometido el delito de rebelión. Solo leí un documento sin ninguna consecuencia. No ha habido argumento más que lo que dice un reportaje de televisión. ¿Desde cuándo leer un discurso se convierte en un delito de rebelión? ¿Desde cuándo un discurso tiene municiones?”.
La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos ha solicitado 34 años de prisión para Castillo Terrones, mientras que 25 años para los exministros Betssy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez. Se pide la misma pena para los oficiales PNP Manuel Lozada Morales, Jesús Venero Mellado y Eder Infanzón Gómez.
También viene siendo procesado por este caso el expremier Aníbal Torres, sobre quien pesa un pedido de 15 años de prisión debido a su avanzada edad.
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