Congreso aprueba proyecto que obliga a operadoras de servicio de cable a incorporar canales de señal abierta

El Pleno del Congreso de la República aprobó este viernes, en primera votación, el proyecto de Ley 2844/2022-CR, que exige a las operadoras del servicio de cable incluir canales de señal abierta si estos lo solicitan.

La votación se llevó a cabo con un resultado de 72 votos a favor, 3 en contra y 22 abstenciones, según informado por Canal N. Este dictamen será sometido a una segunda votación en siete días para su ratificación definitiva.

La propuesta legislativa fue presentada el 18 de agosto de 2022 por el actual presidente del Congreso, Alejandro Soto. Un dato relevante es que esta iniciativa no pasó por la Comisión de Transportes, sino que fue exonerada y enviada directamente al pleno tras un acuerdo de la Junta de Portavoces tomado el 14 de mayo de 2024.

Según los informes, esta medida tiene como objetivo eliminar la facultad voluntaria de las televisoras por cable en la selección de canales locales para su parrilla de programación.

La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (Afin) expresó su preocupación a través de un comunicado, señalando que la implementación de esta ley obligaría a los usuarios a pagar por canales de señal abierta que actualmente son gratuitos.

Juan Pacheco, gerente general de Afin, declaró en una entrevista con Canal N que esta normativa “afecta tanto a las empresas que prestan el servicio como a los consumidores”. Añadió que “lo que hace el proyecto de ley es alterar la programación obligando a las empresas de cable a incluir señales de televisión abierta que son, por naturaleza jurídica, gratuitas”.

Pacheco también advirtió que esta medida podría desnaturalizar el uso del espectro radioeléctrico al incorporar un gran número de canales de señal abierta en diversas localidades del país. Subrayó que “existen más de 2.100 autorizaciones de señal abierta a nivel nacional”. Esta situación, según Pacheco, representa una “inviabilidad técnica” debido a la saturación del espectro disponible.

“Esperamos que el Congreso considere las opiniones de los expertos y que detrás de esta iniciativa no existan intereses particulares de favorecimiento a determinadas empresas de radiodifusión, en perjuicio de los usuarios”, culmina el escrito.

El debate se intensifica al considerar que el Parlamento podría estar regulando contenidos de manera que afecten la libertad de expresión. Pacheco insistió en que este proyecto “debe debatirse profundamente en la comisión” para atender estos aspectos técnicos y de derechos fundamentales.

Por otro lado, la propuesta busca facilitar el acceso a canales locales, eliminando obstáculos impuestos por las operadoras de cable que hasta ahora tenían el poder de decidir qué señales incluir. Sin embargo, la crítica principal radica en la imposición de costos adicionales a los consumidores por contenidos que históricamente han sido accesibles libremente.

Hasta el momento, no se ha alcanzado un consenso claro sobre el impacto económico y social que podría traer esta legislación si es aprobada en su segunda votación. Expertos del sector sostienen que esta medida podría derivar en aumentos tarifarios y complicaciones técnicas para las operadoras de cable.

El proceso legislativo continúa, y se espera que el Congreso realice la segunda votación en los próximos días para determinar el destino de esta controvertida propuesta.