Revelan que Gobierno promovió a hijo de Jorge Montoya y congresista anuncia ley para sancionar difamación con cárcel

En agosto de 2023, el hijo del congresista Jorge Montoya, el capitán de fragata José Carlo Montoya Ruibal, fue nombrado por el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte para que preste servicios como agregado naval en Estados Unidos, según dio a conocer el programa Beto a Saber.

Durante la gestión del exministro de Defensa Jorge Chávez Cresta se emitió la resolución ministerial 00870-2023-DE, que nombró, entre otros, a Montoya Ruibal como agregado naval adjunto a la Embajada del Perú en los Estados Unidos de América y oficial de enlace en el componente naval del Comando Sur de la Marina del país norteamericano.

De acuerdo con el programa de Willax, a un capitán de fragata de la Marina no le correspondería ser destacado como agregado naval en el exterior.

Tras conocerse el presunto favorecimiento a su hijo por parte del Ejecutivo, el congresista Jorge Montoya denunció una supuesta difamación y adelantó que presentará proyectos de ley para que la difamación sea castigada con prisión efectiva.

El Código Penal prevé una pena máxima de hasta 3 años de prisión para quienes incurran en el delito de difamación, por lo que la mayoría de las condenas son de ejecución suspendida o se convierten en días multa.

Las iniciativas legislativas que promovería Jorge Montoya apuntarían a incrementar la pena de prisión para el delito de difamación, impidiendo que se suspenda la ejecución de la condena.

El Congreso de la República aprobó un proyecto de ley para permitir a los exmilitares y exmiembros de la Policía Nacional recibir doble sueldo. Los legisladores José Williams, Jorge Montoya, José Cueto, Roberto Chiabra y Alfredo Azurín han sido señalados como beneficiarios directos de esta medida, que les permite recibir un salario como congresistas y una pensión por sus servicios anteriores.

El informe de IDL-Reporteros revela que el ‘doble sueldo’ es resultado de un proyecto de ley inicialmente presentado por la congresista María del Carmen Alva el 29 de septiembre de 2021, poco después de asumir su cargo. El proyecto modificaba la Ley N° 19846, que limitaba la recepción simultánea de sueldos a servicios docentes en la enseñanza pública. La nueva propuesta amplió esta posibilidad a “todas las áreas del Gobierno”, beneficiando directamente a los legisladores exmilitares y expolicías.

Antes de estas modificaciones legislativas, los congresistas renunciaron a sus pensiones, cumpliendo con la norma vigente al asumir sus cargos. Sin embargo, la propuesta de Alva pasó por varias modificaciones en la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, donde todos los mencionados formaban parte. En esta comisión, se integraron precisiones clave: la aplicabilidad de la norma para cargos públicos de elección popular y la eliminación del tope salarial establecido por el Decreto de Urgencia N° 038-2006.

A pesar de conocer los beneficios personales que implicaba la ley, los congresistas votaron a favor del dictamen modificado. Durante el pleno del 28 de abril de 2022, José Cueto solicitó priorizar la ley, aunque se abstuvo de votar; Alfredo Azurín también se abstuvo, pero instó a sus colegas a aprobar la medida; y José Williams actuó de manera similar.