⁠INEI, la pobreza y un deficiente manejo del Gobierno para enfrentar la crisis económica que afecta a millones de peruanos

Según el reciente informe técnico del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), casi un tercio de la población peruana, 9 millones 780 mil personas, vive en situación de pobreza monetaria. Este dato representa un aumento del 1,5% respecto al año anterior y un 8,8% comparado con el 2019, antes de la pandemia.

Las cifras indican que en el 2023, el 29% de los peruanos no pudo cubrir el costo de la canasta básica de consumo. La situación es aún más alarmante en el área urbana, donde la pobreza alcanzó el 26,4%, un incremento del 2,3% respecto al año anterior.

José Rodríguez, profesor del Departamento Académico de Economía y miembro del Comité asesor de medición de la pobreza del INEI, explicó las razones detrás de este aumento. “Este retroceso en la reducción de la pobreza responde a varios factores: la inestabilidad política, la cual afecta las inversiones y, por ende, la generación de empleos; la participación de nuestra economía en los mercados internacionales, donde se depende mucho de los precios de las exportaciones mineras; y el aumento de la inflación”, señaló Rodríguez para Punto Edu.

La pobreza extrema también ha sufrido un incremento, situándose en el 5,7%, lo que representa 249 mil personas más que en el año 2022. El 31,4% de la población se encuentra en una situación vulnerable y corre el riesgo de caer en la pobreza. Este aumento de la pobreza por segundo año consecutivo es algo que no había sucedido en más de dos décadas.

Rodríguez apunta a la ineficiencia de los programas sociales y la inestabilidad política del gobierno como factores claves para este incremento. Además, resalta que la alta rotación de ministros impide concentrarse en la esencial reducción de la pobreza. La falta de continuidad en la gestión gubernamental afecta la implementación de mecanismos eficaces para enfrentar esta situación, enfatizó el economista. Según el profesor, la falta de inversión pública limita la creación de empleo en los sectores más desfavorecidos.

Rodríguez también destacó que para que las políticas públicas sean efectivas, se requiere información clara sobre la pobreza, su evolución y su relación con determinados grupos de población. Es fundamental contar con esta información en toda democracia.

Uno de los factores principales que contribuye a esta situación es la pandemia, que provocó un aumento del 10% en la pobreza monetaria en el 2020. Aunque en el 2021 hubo una mejora del 4,2%, la situación volvió a deteriorarse en el 2023. El contexto político convulsionado y su creciente desprestigio dificultan la participación de personas capaces de implementar los mecanismos adecuados para enfrentar la pobreza, apuntó Rodríguez.

En cuanto a los programas sociales, el economista señaló que programas como Juntos —Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres— que ofrecen recursos a las familias para cubrir sus necesidades básicas, no han sido promovidos de manera eficaz.

El aumento más significativo de pobreza se dio en las áreas urbanas del país, excluyendo Lima Metropolitana, donde quince regiones registraron incrementos superiores a 1,5 puntos porcentuales, según informó Carolina Tivelli, investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) en El Comercio.

La economista sostuvo que pobreza monetaria se atribuye a la pérdida de capacidad de consumo de los hogares peruanos. Mientras que los sectores acomodados y los más extremadamente pobres no registraron grandes variaciones, el 60% de las familias experimentaron una caída relevante en su consumo mensual real, con promedios entre 9% y 12% menos que antes de la pandemia.

Sobre el aumento de pobreza extrema, Tivelli detalló que se debe a varios factores, incluyendo eventos climáticos adversos, la caída del Producto Bruto Interno (PBI) y la crisis política, en combinación con la falta de apoyo suficiente a los hogares por parte del sector público, que mantuvo prácticamente las mismas medidas anteriores a la pandemia.

También destaca la urgencia de que el sector público priorice una estrategia efectiva para combatir la pobreza. Esto implica la creación de instrumentos y la asignación de recursos adecuados para evitar que las cifras sigan aumentando, y para apoyar a las familias más afectadas. Es crucial diseñar una ruta que contemple la reducción de la pobreza en un periodo de bajo crecimiento económico.

Adicionalmente, la controversia generada por las dificultades del INEI para presentar sus cifras en tiempo y forma adecuadas resalta la necesidad de transformar este organismo en una entidad autónoma, con un directorio independiente y recursos garantizados. Esto garantizaría la transparencia, calidad e independencia de la información estadística generada, vital para la toma de decisiones en los sectores público y privado.