Exjefes del Archivo General de la Nación denuncian traslado de los documentos históricos al galpón del Callao

El Archivo General de la Nación, que guarda millones de documentos históricos, acaba de cumplir 163 años desde su fundación. Los exjefes institucionales y especialistas en conservación de papel han emitido un comunicado urgiendo detener el traslado de documentos históricos del Palacio de Justicia a una bodega en Callao. Argumentan que la nueva ubicación no dispone de las condiciones técnicas necesarias para preservar estos archivos irremplazables.

Los firmantes indicaron que la medida, promovida por el actual jefe del AGN, Ricardo Moreau, y la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, no es una solución adecuada. A pesar de haber perdido un proceso judicial, consideran que apresurar el traslado aumenta el riesgo de daño a los documentos y plantea un gasto significativo sin resolver el problema de fondo.

El comunicado, firmado por César Gutiérrez Muñoz, Miriam Salas, Joseph Dager Alva, Luisa María Vetter Parodi y Jorge Ortiz Sotelo, subraya la posibilidad de realizar un único traslado directo a las nuevas instalaciones una vez finalizada su construcción. Los exjefes del AGN solicitan al Ministerio de Cultura interceder para negociar un plazo adicional con el Poder Judicial. Señalan que esta institución no debería negar un acuerdo que beneficiaría al patrimonio documental del país, estimado en más de 12 millones de soles.

Además, los especialistas piden a la Contraloría de la República, al Órgano de Control Interno del Ministerio de Cultura y al Órgano de Control Interno del AGN investigar el proceso de contratación del almacén en Callao. Instan a dichas entidades a verificar si se están utilizando correctamente los recursos del Estado y a evaluar los riesgos asociados al traslado de documentos a una bodega contigua a una fábrica de insumos químicos.

La carta concluye con un llamamiento a construir el nuevo local del AGN en un plazo de tres años y a mantener los documentos en el Palacio de Justicia hasta entonces. La denuncia ha sido firmada por Gutiérrez Muñoz (1986-1988), Salas (1988-1989), Dager Alva (2010-2012), Vetter Parodi (2017-2019) y Ortiz Sotelo (2020-2022).

“He solicitado a la ministra Urteaga información sobre las condiciones del traslado del acervo documentario del Archivo General de la Nación, incluyendo consulta sobre el oneroso contrato con el nuevo local que al parecer no reúne condiciones”, dijo congresista Susel Paredes.

“Triste que este tema no reciba la atención que merece. Estamos a punto de perder valiosos documentos históricos para el país y el Ministerio de Cultura sigue sin poner en valor lo que está en juego. Solo actúa -una vez más- sin la valentía suficiente para defender nuestro patrimonio”, expresó Ana Neyra, exministra de Justicia y Derechos Humanos

La historiadora Magally Alegre, del Archivo Histórico Riva Agüero, también advierte sobre los riesgos de trasladar los documentos que alberga el Archivo General de la Nación a un local inadecuado. La iniciativa, impulsada por Ricardo Moreau, jefe de dicha entidad, hecha sin consulta a los especialistas en la materia, no poner en peligro parte de nuestra memoria nacional.

El traslado del Archivo General de la Nación desde el Palacio de Justicia al Callao, cerca de una fábrica de lejía, ha sido otra decisión controvertida de Leslie Urtega. Expertos indican que esta movida pone en riesgo documentos históricos vitales debido a posibles daños causados por el entorno industrial. Esta situación ha generado preocupación sobre la preservación del patrimonio documental del país.

El estado actual del Museo Nacional del Perú también ha sido objeto de preocupación. El proyecto, esencial para la conservación y exhibición de la cultura nacional, parece estar estancado y en necesidad de atención para cumplir su propósito educativo y cultural. Asimismo, el intento de modificar el reglamento de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación para derogar la exigencia del certificado de inexistencia de restos arqueológicos fue ampliamente criticado. De haberse aprobado, podría haber facilitado el desarrollo urbano sobre sitios arqueológicos, según advirtieron expertos.

En resumen, las decisiones tomadas por Leslie Urteaga como ministra de Cultura han generado numerosas críticas y sembrado dudas sobre su capacidad para liderar el sector cultural en Perú. La defensa y promoción de la cultura se han visto comprometidas por estas acciones, según han indicado distintos sectores y especialistas en la materia.