Los congresistas de Perú Libre alistan una moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte por la cuestionada desactivación del Equipo Especial de policías que prestaba apoyo al Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder días antes de que se ejecutara la detención de Nicanor Boluarte y otros implicados en el caso “Los Waykis en la sombra”.
“Ante los iniciales cuestionamientos (que eran razonables, considerando que se afectaba el apoyo policial a las investigaciones fiscales donde la presidenta Boluarte y su hermano están directamente sindicados), luego de la publicación de la resolución de desactivación, el Ministerio del Interior emitio un comunicado público, donde, además, afirmó que iniciará “investigaciones administrativo-disciplinarias” y ‘medidas legales’ contra los responsables que emitieron el dispositivo legal que creó el grupo especial policial de apoyo al Eficcop. Es decir, lejos de enmendar una conducta de parcialidad y claro conflicto de interés, se ratificó en la arbitrariedad y, por el contrario, emprendió medidas represivas que lindan con la venganza y el chantaje”, se lee en la moción.
Los parlamentarios consideran que la disposición configura “una obstrucción de la justicia deliberada” por parte de la presidenta al utilizar “indebidamente su cargo de jefa de Estado y de la Nación para tal efecto”.
“Ha sido el propio Ministerio Público, en comunicado oficial y público, quien ha rechazado esta medida al punto que ha emprendido indagaciones preliminares sobre el particular. La desactivación del equipo policial es una medida directa y de interés resuelto de la presidenta (porque ella y su hermano son investigados), porque ella es la cabeza del Poder Ejecutivo y cualquier resolución del Ministerio del Interior (más aun, si es una medida que la afecta) pasa por su aprobación o es su decisión, tal como ocurrió con la Resolución Ministerial 0610-2024- IN”, se lee.
En contraparte, en una reciente actividad oficial, la mandataria aseguró que dejará el cargo el 28 de julio de 2026.
Cambio Democrático recopila firmas
Los congresistas de Cambio Democrático-Juntos por el Perú han redactado una nueva moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte y están recolectando firmas para presentarla ante la mesa de partes del Congreso. La destitución se solicita por la presunta ausencia del cargo de la presidenta para someterse a una cirugía estética y la desactivación del Equipo Especial de la Policía Nacional del Perú (PNP).
Ruth Luque, representante de la agrupación, instó a sus colegas a suscribir la moción, resaltando la necesidad de que “la ciudadanía conozca a los parlamentarios que, con sus votos, sostienen a una mandataria incapacitada para el cargo”. Para que la moción de vacancia pueda ser presentada se requieren 26 firmas, mientras que se necesitan 52 votos a favor en el Pleno del Congreso para que sea admitida y se convoque a Boluarte.
En la víspera, la presidenta Dina Boluarte realizó una visita inesperada a la sede del bufete de su abogado Mateo Castañeda durante un operativo judicial. Según confirmaron los medios Latina y Cuarto Poder, dicha visita tuvo lugar el sábado a las 9:15 horas, mientras el abogado se encontraba bajo detención preliminar en el marco de un allanamiento extendido por las autoridades competentes.
Dina Boluarte empleó para su movilización un vehículo previamente utilizado por el ex presidente Pedro Castillo en sus traslados clandestinos a la casa del Jirón Sarratea, revelaron investigaciones fiscales. Los operativos judiciales inicialmente se centraron en la oficina 702 del edificio, pero se extendieron a la oficina 703 tras descubrir que también era utilizada por Castañeda. Según los reportes, la presencia de la presidenta sorprendió a los agentes encargados del operativo, quienes informaron que Boluarte y una abogada testigo en el lugar optaron por retirarse.
Mateo Castañeda es señalado por el Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) como parte de una presunta red de tráfico de influencias liderada por Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta y también detenido. Se le acusa de ofrecer beneficios ilícitos para detener investigaciones en contra de Nicanor. Así mismo, la presidencia enfrenta acusaciones de obstrucción a la justicia por el presunto desmantelamiento de un grupo policial de apoyo a la fiscalía anticorrupción previo a la detención del hermano de la mandataria.