Ley Servir: Comisión de Trabajo aprobó eliminarla, ¿un retroceso en la profesionalización y meritocracia del sector público?

La Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso aprobó el dictamen que deroga la Ley del Servicio Civil, (Ley N° 30057) e instaura una serie de nuevas regulaciones laborales en la administración pública. De acuerdo con la iniciativa que agrupa los proyectos de ley 7107, 7156 y 7267-2023, se creará una comisión tripartita que incluirá a miembros del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y representantes de organizaciones de trabajadores estatales para conducir un análisis exhaustivo que derive en reformas sustanciales en el régimen laboral del sector público.

De acuerdo al texto sustitutorio, luego de formalizarse esta ley, se conformará en 30 días hábiles la mencionada comisión, la misma que dispondrá de un período de 120 días hábiles para elaborar un informe detallado, proporcionar un diagnóstico sobre la situación actual del servicio público y la unificación de los regímenes laborales y de servicios, incluidos los aplicables a altos mandos directivos.

El objetivo es asegurar el cumplimiento de derechos laborales y la promoción de la negociación colectiva. Se aspira a que, de este proceso, emerja un proyecto de ley que norme un nuevo régimen laboral público basado en principios de eficiencia, igualdad, integridad, transparencia, mérito, y estabilidad laboral.

En palabras del abogado laboralista César Ojeda, si bien la reforma del empleo público no ha sido el esperado debido a que en más de 10 años solo 18 entidades se encuentran en la fase final del tránsito al Régimen del Servicio Civil (RSC), “no debe perderse de vista que la concreción de una política pública tan ambiciosa, la cual involucra a más de la mitad (60%) de la planilla nacional, no depende únicamente de Servir, sino de otros actores, los cuales nunca vieron con buenos ojos esta reforma”.

No obstante, señala que hubo dos errores de parte de Servir como no debatir con antelación las normas referidas con las organizaciones sindicales más representativas, además de no dar nuevos aires a una reforma necesaria sin tener las reglas claras.

La economista Mónica Muñoz Nájar sostiene que el servicio civil es una pieza fundamental en el funcionamiento del Estado, y su reforma es necesaria para garantizar la eficiencia, la transparencia y la profesionalización en la prestación de servicios públicos”.

Su crítica apunta a la dispersión de los regímenes laborales en la administración pública, lo que limita una mayor eficiencia. “Tener a un grupo de trabajadores en el régimen 276, congelado desde los años 90, otro por CAS temporal, otros por CAS indeterminados, otros por régimen privado y otros por locación de servicio no permite asegurar que se cuente con el mejor grupo humano en todos los ministerios, gobiernos regionales, municipalidades y demás entidades del Estado”, anotó.

Por su parte, Juan José Martínez, expresidente de Servir, también manifestó su preocupación por la eventual eliminación de Servir. Según argumentó, el sector público requiere de normativas específicas dada la singularidad de sus relaciones laborales.

Desde su perspectiva, la debilidad de Servir radica más en la aplicación de las políticas que en la estructura legal per se. Por ello, enfatiza la necesidad de una implementación efectiva y un ente regulador sólido para supervisar el desempeño del personal en el sector público.

“Algunos sindicatos y abogados laboralistas la aplaudirán, pero los expertos en modernización del Estado y gestión pública verán esto como una mala noticia (...) La migración de 700.000 servidores públicos al nuevo sistema podría llevar un tiempo similar o mayor y que es un desafío que requiere una revisión cuidadosa”, apuntó a Gestión.

“El Servicio Civil es un régimen que, en esencia, permite tener funcionarios debidamente calificados que acceden a un cargo público en función a sus méritos. En ese sentido, eliminar el régimen implicaría eliminar la meritocracia como mecanismo idóneo de acceso a la función pública”, afirmó Jaime Cusquén, Associate Partner del Área Laboral de EY Perú.

Al respecto la Autoridad del Servicio Civil emitió un pronunciamiento en el que expresa su preocupación por las “graves repercusiones” que dicho proyecto tendría en el sistema administrativo de gestión de recursos humanos. Entre ellos enumero los perjuicios:

• Obstaculizará la implementación de un sistema reconocido internacionalmente por organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que ha calificado como fundamental para garantizar una carrera pública basada en el mérito.
• Afectaría los logros obtenidos para que el Perú cuente con políticas públicas orientadas a la modernización del Estado, la competitividad nacional, la integridad y la lucha contra la corrupcióin. Además retrasaría el proceso de adhesión del Perú a la OCDE.
• Implicaría la interrupción del derecho de los servidores públicos y los ciudadanos a participar en concursos públicos basados en el mérito para ocupar cargos en el servicio civil.

Por su parte, Jorge Toyama, socio del estudio Vinatea & Toyama, critica que se cree un nuevo régimen cuando el Servir ya incluye los mismos preceptos.

El Servir se creó en 2013 con el objetivo de administrar los recursos humanos del sector público. Su finalidad es también promover la reforma del Servicio Civil, fomentando un enfoque basado en el mérito para la selección de funcionarios públicos. Hacia finales de 2023, solo 1.800 trabajadores del Estado se han integrado a este sistema, lo que equivale a aproximadamente el 0,1% del total del personal. Solo 15 entidades públicas han completado su adaptación al Servir en este lapso, mientras que más de 500 están en proceso de hacerlo.

Anteriormente, Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), ha sido consultado sobre esta posible eliminación. Según señaló, “aunque Servir no necesariamente sea el mejor mecanismo para el sector público, no considera que debería derogarse como se ha planteado recientemente en el Congreso de la República”.