La organización Human Rights Watch (HRW) criticó con dureza este miércoles a la administración de Dina Boluarte e invocó a derogar un decreto publicado el pasado 10 de mayo, que clasifica las identidades trans como condiciones de salud mental en el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS).
En un comunicado firmado por Cristian González Cabrera, investigador senior del programa de derechos LGBT para América Latina y el Caribe, HRW enfatiza que “patologizar de manera oficial a las personas LGBT puede socavar gravemente los esfuerzos por mejorar la protección de los derechos basados en la orientación sexual y la identidad de género”.
Por ello, el Gobierno peruano “debería derogar este decreto sesgado y poco científico y, en su lugar, aplicar la clasificación actualizada de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud (OMS) con respecto a la orientación sexual y la identidad de género”.
El decreto supremo N.º 009-2024-SA, firmado por Boluarte, actualiza el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS), que detalla las condiciones y atenciones financiadas para todos los asegurados en centros de salud públicos y privados del país. El Ministerio de Salud incorporó nuevos diagnósticos en la categoría de trastornos mentales, basándose en la obsoleta Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades (CIE-10), que fue reemplazada por la CIE-11 en 2022.
Con ello, bajo el apartado de “problema de salud mental”, el PEAS incluye términos como “transexualismo, transvestismo de rol dual, trastorno de identidad de género en la niñez, otros trastornos de identidad de género, trastorno de la identidad de género (no especificado), transvestismo fetichista y orientación sexual egodistónica”.
HRW destacó que, aunque la cartera de Salud asegura que el cambio normativo busca facilitar la cobertura de “las personas transexuales y con trastornos de identidad de género”, especialmente en clínicas privadas, y que no considera las identidades LGBT como “enfermedades”, el decreto sigue en vigor sin considerar el rechazo de organizaciones y activistas de derechos humanos como Promsex, Más Igualdad Perú y Gahela Cari.
La norma “es profundamente regresiva” y “endurece aún más los prejuicios contra las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans (LGBT), que han llevado a violencia y discriminación contra esta población”, subrayó la organización.
Además, “podría dar legitimidad a las ‘prácticas de conversión’ y agravar los problemas de salud mental a los que se enfrentan las comunidades LGBT” en Perú, un país que no permite que las parejas del mismo sexo se casen o formen uniones civiles, no tiene un procedimiento para que las personas trans cambien sus documentos para reflejar su identidad de género ni cuenta con leyes civiles que prohíban la discriminación contra las personas LGBT.
“El Gobierno también debería consultar a las organizaciones LGBT sobre la mejor manera de garantizar el derecho a la salud física y mental de sus comunidades mediante políticas públicas proporcionadas y respetuosas de sus derechos”, zanjó.
La Asociación Civil Más Igualdad Perú y 590 representantes de salud mental y derechos LGBTIQ+ enviaron una carta al ministro de Salud, César Vásquez, para oponerse al decreto y exigir que la convocatoria de una mesa técnica en la que se discuta la actualización urgente al CIE-11. Además, colectivos han convocado al plantón ‘Nada que curar’, que se realizará este viernes 17 de mayo a las 3:00 p. m., frente al portafolio en Lima y en las sedes de la Dirección Regional de Salud de diversas regiones.
Voces
♦ Gianna Camacho, periodista y activista trans
“Tenemos autoridades y funcionarios públicos antiderechos LGBTI, principalmente en el Congreso. Este decreto es un reflejo del Gobierno que tenemos y que nos ha hecho retroceder 30 años de lucha. No es una coincidencia. Es una vulneración expresa a la comunidad trans, no solo por el término médico-técnico, sino lo que conlleva: avalar la discriminación y transfobia”.
♦ Jorge Apolaya, vocero del colectivo Marcha del Orgullo
“Evidentemente, es una decisión política. El Gobierno pudo haber el decreto supremo bajo el CIE-11, aun cuando entendemos que tiene que implementarse en el país. Lo que han hecho es emplear un documento que patologiza la identidad de género, que es un peligro en un país donde más del 70% de personas piensa que la población LGTBI es la más discriminada. Este 2024 se cumplen 100 años de la despenalización de la homosexualidad en el Perú y curiosamente nos recibe este decreto que nos dice que no ha pasado nada. Es un grave retroceso y un mal mensaje a la población”.
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