Enfrentan a accionistas de Repsol en España: organizaciones ambientales piden respuesta por derrame de petróleo en Perú

Dos años después del derrame de 12 mil barriles de petróleo en las costas de Ventanilla, Callao, la compañía de hidrocarburos Repsol enfrenta críticas y demandas por parte de organizaciones ambientalistas por no asumir responsabilidad legal por el incidente ocurrido en 2022.

Durante una reunión con accionistas, la empresa, representada por su consejero delegado, Josu Jon Imaz, reiteró su postura de no reconocerse como responsable del suceso, aunque hizo mención a las acciones de limpieza y compensación económica realizadas.

Las organizaciones Oxfam Intermón, Greenpeace, CooperAcción, Finanzas con Derechos y Alianza por la Solidaridad presentaron un documento titulado “Las cinco respuestas pendientes de Repsol”, donde detallan el impacto del derrame de enero de 2022 que contaminó más de 11 mil hectáreas costeras, afectando áreas protegidas y a más de 10,000 familias dependientes de actividades marinas.

La compañía fue altamente criticada por su continua producción de petróleo y gas, la cual defiende como necesaria para el futuro energético. En la Junta de Accionistas, Nerea Basterra y Maria Bardolet de Oxfam hicieron eco de las demandas contenidas en el documento, cuestionando la falta de transparencia y la insuficiencia en las medidas de remediación y compensación.

Además, destacaron la necesidad de enfocarse en el impacto diferenciado que el derrame ha tenido en las mujeres de la zona, muchas de las cuales desempeñan roles fundamentales en la cadena de valor marítima y han sido particularmente vulnerables tras el incidente.

Por otro lado, Josu Jon Imaz argumentó los esfuerzos de limpieza y compensación realizados por Repsol, afirmando que la región ya cumplía con estándares de calidad ambiental internacional para el segundo semestre de 2022 y que las compensaciones superaban los ingresos habituales de las actividades de las personas afectadas.

Sin embargo, las organizaciones ambientalistas y algunos accionistas critican la continuación de la explotación de petróleo y gas por parte de Repsol y su impacto en el cambio climático y la biodiversidad, así como la justificación de la empresa de que su producción es esencial para la economía y el estilo de vida actual.

Un informe de Mongabay Latam reveló que Repsol aún debe más de 47 millones de dólares en multas impuestas por diversas infracciones ambientales. La información, obtenida mediante la solicitud de datos del medio, revela que de los 15 Procesos Administrativos Sancionatorios iniciados, solo cinco han culminado, dejando pendientes importantes sumas económicas por saldar.

El incidente, que vertió más de 11 mil barriles de petróleo en las aguas peruanas, no solo generó un daño ecológico considerable, sino que también impactó negativamente en la vida de miles de pescadores artesanales.

Aún hay procesos en trámite que buscan determinar la responsabilidad de Repsol en otras infracciones, incluyendo la contaminación de la biodiversidad marina y la muerte de especies protegidas.

Las multas solo han sido parcialmente atendidas por Repsol, evidenciando un retraso en la remediación y en la justicia administrativa. Germán Melchor, representante de los pescadores afectados, cuestiona la lentitud del Estado para responder ante esta crisis ambiental y económica.

La falta de celeridad y claridad en los procedimientos administrativos y en la implementación de medidas correctivas ha dejado a comunidades de pescadores en una situación de incertidumbre. Muchos han tenido que abandonar sus labores tradicionales mientras esperan compensaciones adecuadas y la limpieza total del área afectada. Las entidades reguladoras y fiscalizadoras, como el OEFA y el Serfor, han intentado sancionar a Repsol por las diversas infracciones cometidas, pero los procesos han sido impugnados, retrasando aún más la resolución definitiva.