ATU intervino cerca de 1.800 conductores sin brevete en transporte informal, entre enero y abril

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) reveló las cifras resultantes de sus operaciones de fiscalización hasta el 30 de abril del presenta año. El reporte muestra que un total de 1.793 conductores de vehículos de transporte público ilegal fueron intervenidos por manejar sin la debida licencia de conducir.

Además, la entidad reguladora detectó que 2937 móviles informales operaban sin el Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y 1.683 unidades circulaban desprovistas del Certificado de Inspección Técnica Vehicular (CITV).

La ausencia de estos documentos no solo constituye una infracción normativa, sino que también implica un riesgo significativo para la seguridad vial de usuarios, peatones y otras personas que comparten el espacio urbano.

De la misma forma, la ATU puntualizó que los vehículos sancionados incluían servicios de taxi, taxi colectivo, así como transporte urbano en minibuses y autobuses, todos operando ilegalmente. Ante la gravedad de las faltas, especialmente en los casos de ausencia de SOAT o CITV, la autoridad anunció que impulsará acciones penales contra los infractores.

Según la institución, estas acciones podrían resultar en sanciones que van desde penas privativas de libertad de uno a tres años, destacando la seriedad con la que se está abordando el problema de la informalidad en el transporte público.

De forma preocupante, la entidad indicó que la infracción más común detectada durante el año 2023 fue la operación de servicios de transporte sin la autorización respectiva.

Un total de 27 mil 081 conductores fueron hallados cometiendo esta falta, divididos casi de forma equitativa entre operadores de taxis y de servicio regular en autobuses, cústeres o minibuses.

ATU continúa con sus medidas, pues hace algunos días anunció su colaboración con la Municipalidad de San Juan de Lurigancho para lanzar un avanzado sistema de vigilancia electrónica, dirigido a combatir el extendido fenómeno del transporte informal en el distrito más poblado de Lima.

Este trabajo grupal busca reestablecer el orden público en las principales vías de SJL mediante la implementación de tecnología de punta y la integración de recursos entre ambas instituciones.

Como parte del convenio establecido, la municipalidad brindará al personal de la ATU acceso a su Centro de Control de Operaciones y al uso de 12 cámaras de videovigilancia que está localizadas de forma estratégica a lo largo de las calles claves del distrito.

Este sistema permitirá la captura de imágenes en tiempo real que serán esenciales para la detección y documentación de infracciones de tránsito. De esta manera, facilita la identificación de los vehículos implicados a través de detalles como la placa de matrícula, características del vehículo, ubicación y fecha del incidente.

Sus responsabilidades abarcan la planificación, la regulación y la supervisión de los distintos modos de transporte dentro de su área de influencia, incluyendo autobuses, el Metro de Lima y servicios de taxi. También se encarga de gestionar el flujo de tráfico vehicular y peatonal promoviendo conductas que contribuyan a disminuir la congestión y polución.

La ATU también cumple con funciones para el desarrollo e implantación de políticas y normativas que aseguren una oferta de transporte de calidad y competitiva. Esto va desde la fijación de tarifas justas hasta la garantía de estándares que mejoren la accesibilidad, regularidad y seguridad en el servicio.

Una parte crucial de su labor es la fiscalización y penalización de infracciones al código de tránsito. Esto incluye la vigilancia rigurosa sobre el cumplimiento de las normas por parte del transporte público y la aplicación de acciones correctivas y sanciones a quienes desacaten estas regulaciones.

Adicionalmente, la entidad apuesta por la actualización de la infraestructura de transporte mediante la adopción de tecnología avanzada, buscando así facilitar la administración del flujo de tráfico y enriquecer la experiencia de movilidad de los ciudadanos.