La Tercera Sala Constitucional del Poder Judicial declaró fundada la demanda de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, contra el Congreso, que la había inhabilitado en junio del año pasado para ejercer cualquier función pública por un período de cinco años. La resolución, hecha pública este martes, ordenó la reincorporación inmediata de la magistrada al cargo de fiscal suprema titular del Ministerio Público.
No obstante, declaró improcedente su solicitud de anular la resolución legislativa que daba inicio a un proceso penal en su contra por presuntos delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. El tribunal resolvió “dejar a salvo la potestad del Congreso” para actuar, según competencias constitucionales, respecto a las acusaciones de infracción constitucional contra Ávalos, “garantizándole” el pleno respeto a sus derechos.
“Estoy de vuelta. Mientras más grande es la tormenta, más fuerte es el resplandor del sol al amanecer”, celebró la magistrada en un mensaje difundido en X, antes Twitter. “[Quiero] felicitar al Poder Judicial porque ha dado muestras de que todavía hay espacios de autonomía e independencia, porque si bien es cierto que nadie niega que el Congreso pueda hacer control político, siempre tiene que hacerlo respetando los derechos fundamentales de la persona”, abundó en diálogo con RPP.
A lo largo de los últimos once meses, en varias entrevistas, Ávalos declaró que su inhabilitación tuvo un “carácter político” y fue el resultado de un “canje de votos por un pacto criminal a cambio de inmunidad en las investigaciones fiscales”. Además, señaló directamente a la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, acusada de encabezar una organización de tráfico de influencias.
Esta red, además de la inhabilitación de la fiscal, habría coordinado con congresistas la elección de Josué Gutiérrez como defensor del pueblo y la destitución de miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el principal órgano de control judicial en el país.
En diciembre del año pasado, el juez supremo de Investigación Preparatoria, Juan Carlos Checkley, archivó la denuncia que había motivado al Congreso a inhabilitar por cinco años a la fiscal suprema. Checkley determinó que las acciones de Ávalos no configuraban un delito.
La acusación original alegaba que la magistrada había omitido sus funciones al suspender, hasta el término del mandato gubernamental de Pedro Castillo (2021-2022), las investigaciones sobre presunta corrupción contra el entonces presidente.
Sin embargo, el juez concluyó que Ávalos había actuado conforme a la legalidad y aplicó un criterio interpretativo en línea con el de sus predecesores, en circunstancias similares, sin omitir ninguna acción requerida legalmente de su cargo.
La magistrada concedió una entrevista a Infobae Perú a fines de noviembre de 2023, el mismo día en que el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop) y la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional (PNP) abrieron una investigación al entorno de Benavides.
“Hoy día quedó evidenciado, ya con pruebas, lo que yo venía sosteniendo hace un buen tiempo. [...] que estaba yendo gente muy allegada a la doctora, asesores y coordinador parlamentario, a hacer un canje. ‘Votas contra Zoraida y a cambio archivamos tus casos’. [...] Esto estaba orquestado”, dijo entonces.
“Creo que, por decoro, ella [Benavides] tendría que dar un paso al costado [...] Yo siempre noté su animadversión hacia mí porque en la Junta yo le era incómoda porque hablaba lo que consideraba que no estaba bien”, recalcó al considerar que esa gestión “es peor” que la de Pedro Chávarry, condenado por haber intentado boicotear las investigaciones del equipo especial que sigue el caso Odebrecht, a cuyos principales encargados destituyó en 2018.
La Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos investiga a Benavides por organización criminal, cohecho activo específico, cohecho pasivo específico, tráfico de influencias, falsedad ideológica, encubrimiento personal y encubrimiento real. Su principal asesor, Jaime Villanueva, fue detenido y liberado posteriormente tras acogerse a la colaboración eficaz y confirmar la autenticidad de unos chats que muestran coordinaciones con congresistas.
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