Edgar Alarcón Tejada, excontralor general y excongresista, perdió la vida este martes en un accidente de tránsito ocurrido en Ayacucho. El siniestro involucró a un bus de la empresa Civa, que se despeñó por un barranco y dio vueltas de campana. Otras 12 personas fallecieron, incluido un menor. El Ministerio Público ya inició una investigación que implica a esta empresa con un historial preocupante de infracciones de tránsito.
En 2019, Civa acumuló un total de 1233 multas por exceso de velocidad, y para el 2020, se posicionó como la vigésima empresa con el mayor número de infracciones por la misma razón, según la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran).
Nacido en Arequipa en 1961 y contador de profesión, Alarcón fue destituido como contralor general por el Congreso en 2017, un año después de ser designado, debido a acusaciones de un presunto enriquecimiento ilícito, atribuido a un aumento patrimonial no justificado en relación con sus ingresos.
Dentro del ente fiscalizador, se desempeñó como gerente de Auditoría Especializada, gerente central de Operaciones, gerente general, gerente de Control Financiero, gerente central de Planeamiento, gerente de Finanzas, y jefe de la Oficina de Administración. Su trayectoria culminó como presidente del Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo (CAFAE) de la Contraloría.
A pesar de las controversias, Alarcón fue electo legislador para el periodo 2016-2021 con la bancada de Unión por el Perú (UPP): presidió la Comisión de Fiscalización del Parlamento y participó activamente en los procesos de vacancia contra el entonces presidente Martín Vizcarra, la última de las cuales finalmente lo destituyó.
En abril de 2021, su carrera política enfrentó otro obstáculo significativo con su suspensión de las funciones legislativas, a raíz de un proceso penal por presunta corrupción durante su gestión como contralor, una causa que ya había alcanzado la etapa de juicio oral.
Con su deceso, la Sala Suprema Penal Especial debe proceder a declarar la extinción de la acción penal y a archivar el caso. La Fiscalía había propuesto una pena de 15 años de cárcel, una inhabilitación de función pública por 20 años, una multa de S/202.121,50, además del pago por concepto de reparación civil que ascendía a cinco millones 522 mil 243.72 soles.
Alarcón enfrentaba tres denuncias constitucionales, de las cuales la Comisión Permanente declaró dos como procedentes, sumadas a otras 39 investigaciones por diferentes fiscalías a nivel nacional. Dentro del desglose de estas acusaciones había 16 por peculado doloso simple, siete por lavado de activos y cinco por abuso de autoridad, según documentos citados por América Noticias en 2020.
Una de las pesquisas sobre lavado de activos se centraba en el modo en que Alarcón importó más de 90 vehículos, ya que ni en su nombre ni en el de sus hijos consta como compradores de bienes del exterior, según los registros de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).
El Ministerio Público también llevaba adelante otras 11 investigaciones que incluían acusaciones de robo agravado, estafa, delitos tributarios, contra la fe pública, defraudación de rentas de aduana, violencia y resistencia a la autoridad, entre otros supuestos delitos. Seis denuncias archivadas contra el excontralor general y excongresista involucraban cargos como usurpación de autoridad, delitos contra la paz pública y contra los derechos al sufragio.
El Congreso, el Ministerio de Justicia, exministros y varios legisladores han expresado sus condolencias tras la tragedia en la que ocurrió su deceso. Al cierre de esta nota, Russell Chipana, representante de la Defensoría del Pueblo, comunicó que 13 personas resultaron heridas y son atendidas en el Hospital Regional de Ayacucho. Se encuentran como “pacientes libres” debido a que Civa no ha presentado la documentación correspondiente al Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).
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