El viernes 10 de mayo, el Gobierno de Perú aprobó el Decreto Supremo 009-2024, que ha sido ampliamente rechazado por incluir categorías de identidad de género y orientación sexual dentro de clasificaciones de trastornos mentales. Este documento, firmado por la presidenta Dina Boluarte, el ministro de Salud, César Vásquez, y el ministro de Economía y Finanzas, José Arista, identifica explícitamente a la población trans y a las dudas relacionadas con la identidad de género como condiciones de salud mental a ser abordadas.
El fundamento para esta clasificación proviene de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), según el Ministerio de Salud (Minsa). En conversación con Infobae Perú, una especialista explica las consecuencias que la derogación de esta normativa tendrá en una de las poblaciones más vulnerables del país.
Impactos de la aprobación del decreto supremo
De acuerdo a Shely Cabrera, responsable de Incidencia del Programa de Sexualidad y Autonomía Física de la organización feminista Manuela Ramos, lo que hace este decreto es modificar la actualización del Plan Esencial de Aseguramiento de Salud (PEAS); es decir, establece qué enfermedades son, de alguna manera cubiertas, por los seguros. No obstante, la aprobación del mencionado documento ha supuesto una amenaza para los integrantes de la comunidad LGBTQIA+ en todo el Perú.
“Hay un decreto anterior, que es del 2021, que hace esta actualización del Plan de Aseguramiento de Salud y este, que es el 009-2024, lo modifica para agregar estas nuevas categorías, basadas en el CIE-10, que es un documento que data de 1992. El CIE es la clasificación internacional de enfermedades, es un sistema global de diagnóstico que está aprobado por la Asamblea Mundial de Salud (AMS); sin embargo, actualmente está vigente el CIE-11, del 2019 y que entró en vigencia en 2022. Este no patologisa, no considera trastorno o enfermedades de ningún tipo a las diversidades sexuales y de género”, explica para Infobae Perú.
La especialista, además, apunta que, aunque el Gobierno de Dina Boluarte aprobó la promulgación de este DS, es el Minsa la entidad que dio luz verde para que la propuesta prospere.
El decreto 009-2024 tiene un gran número de implicancias en contra de la comunidad LGBTQIA+. Para la representante de comunidad LGBTQIA+, estos atentados contra la dignidad de dicha población suponen amenazas de todo tipo:
- Se impulsará más la difusión de discursos que atentan contra la dignidad de estas personas, ya que grupos discriminatorios se podrán basar en la ley al decir que es una enfermedad.
- Limitarán su acceso a los servicios de salud requeridos para sus identidades.
- En el caso de las personas trans, no serán respetadas y se las expondrá a ser llamadas por su nombre social, que no se considere su pronombre y no se les reconozca uno de los derechos más básicos, que es la identidad.
- Se encontrarán expuestas a ser sometidas a cualquiera de los Esfuerzos por Cambiar la Orientación Sexual e Identidad o Expresión de Género (ECOSIEG), como las terapias de conversión.
Rechazo al pronunciamiento del Minsa
La crítica y el rechazo no se hicieron esperar y, frente a este panorama, el Minsa emitió un pronunciamiento el último sábado 11 de mayo para “ratificar su posición de que la diversidad de género y sexual no son enfermedades” y “expresar su respeto a las identidades de género, así como descartar la estigmatización de la diversidad sexual en el país”; sin embargo, este comunicado también obtuvo reacciones negativas por parte de la ciudadanía.
“Esta actualización se realiza ante la necesidad de asegurar el beneficio de las intervenciones de salud mental integral, como condiciones para el pleno ejercicio del derecho a la salud y el bienestar de la persona, la familia y la comunidad. El CIE-10 se mantiene vigente en nuestro país, en tanto se inicie la implementación progresiva del CIE-11, tal como ocurre en otros países de la región”, acota el texto.
Por su parte, Cabrera considera que esta acción no es más que un intento por “justificar la decisión”. Además, la califica de “contradictoria”, puesto que en el mismo comunicado se reconoce la existencia del CIE-11, pero se optó por no aplicarlo aún pese a que opina que no hubiera supuesto mayor problema.
“Aparte de todo, preocupa porque lo que dice que sí respetan las identidades es un comunicado y sabemos que, a ciencia cierta, lo que se debe cumplir sí o sí es la ley. Un comunicado no es algo que tenga obligatorio cumplimiento, como sí lo es el decreto sacado, en el que se patologiza directamente a las identidades trans. Lo que nos preocupa acá es que se pueda dar carta abierta a futuro para las terapias de conversión o, incluso, están deslegitimizando la discriminación que sufren estas poblaciones”, lamenta la especialista.
Esta postura fue respaldada por un gran número de especialistas y organizaciones de derechos humanos. De esta manera, la asociación civil Más Igualdad Perú, 414 profesionales de la salud mental y 176 representantes de organizaciones LGBTQIA+ enviaron este lunes 13 de mayo una carta al ministro de Salud, César Vásquez, con el objetivo de condenar la nueva clasificación de la diversidad de género y sexual como una enfermedad, así como exhortar la aplicación de CIE-11 a nivel nacional.
Iniciativa para derogar el DS
El lunes 13 de mayo, la congresista Flor Pablo Medina reveló a través de su cuenta oficial de Twitter que había solicitado a la Presidencia y al Minsa la derogación del decreto supremo, al que tildó de “vergonzoso”.
“El citado decreto supremo constituye un grave atropello a los derechos humanos al propiciar que se reconozca como una patología la orientación sexual y la identidad de género, obviando y contradiciendo los estándares internacionales, y obligándonos como país a retroceder más de tres décadas en cuanto al desarrollo de las políticas públicas de igualdad y salud, lo que podría generar a su vez el uso de terapias de conversión, catalogadas como tortura al vulnerar la dignidad y la integridad de las personas”, indicó.
“No podemos permitir que se retroceda, denigre y vulnere los derechos a la igualdad y no discriminación, así como el derecho a la salud y otros derechos de las personas LGBTI en el Perú”, concluyó.
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