El excontralor general y excongresista Edgar Alarcón Tejada falleció este martes 14 de mayo en el accidente de tránsito que se registró en el sector Apacheta, Vía Los Libertadores, en Ayacucho, donde un bus de la empresa Civa se precipitó por un barranco dando vueltas de campana.
“Desde el Parlamento Nacional expresamos nuestras condolencias a los familiares del excongresista, Edgar Alarcón Tejada, por su sensible fallecimiento”, manifestó el Congreso a través de su cuenta en X (antes Twitter).
De acuerdo con Exitosa Noticias, los familiares de Alarcón Tejada se presentaron en la terminal Civa en La Victoria, Lima; sin embargo, optaron por no declarar.
Al momento, la Dirección de Salud de Ayacucho dio cuenta de 14 heridos y 13 fallecidos producto del accidente de tránsito.
Fiscalía inicia investigación
La segunda Fiscalía Penal de Huamanga inició diligencias urgentes y necesarias sobre el accidente en la vía Los Libertadores, sector Apacheta (Ayacucho), en el que hasta el momento se han reportado 13 personas fallecidas.
“El fiscal provincial Juan Ames Blas informó que se dispuso recabar la lista de pasajeros y documentación de la empresa de transportes y del vehículo, tomar las declaraciones de los testigos y pasajeros ilesos, así como efectuar el levantamiento de los cuerpos”, informó el Ministerio Público.
Juicio oral
Edgar Alarcón enfrentaba un juicio oral por presunto enriquecimiento ilícito al tener un incremento patrimonial injustificado en relación a sus ingresos como contralor general de la República. Por este hecho, el Congreso lo destituyó en 2017.
Años después, en 2020, Alarcón fue elegido como congresista para completar el periodo parlamentario 2016-2021. Sin embargo, fue suspendido de sus funciones en 2021 tras ser acusado constitucionalmente por presunto enriquecimiento ilícito cuando era contralor general.
El proceso penal contra Alarcón ya estaba en etapa de juicio oral. Ahora con su sensible fallecimiento, la Sala Suprema Penal Especial declarará la extinción de la acción penal y archivará la causa.
La Fiscalía solicitaba 15 años de pena privativa de la libertad, inhabilitación de la función pública por 20 años, una pena de multa por un total de S/202.121,50, y el pago de una reparación civil de cinco millones 522 mil 243.72 soles.
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