La asociación civil Más Igualdad Perú, acompañada por 414 profesionales de la salud mental y 176 representantes de organizaciones LGBTIQ+ y de defensa de derechos humanos, envió este lunes una carta al ministro de Salud, César Vásquez, para rechazar un decreto que clasifica la diversidad de género y sexual como una enfermedad.
El documento solicita anular la inclusión de la población trans en el capítulo de “trastornos mentales y del comportamiento” de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades (CIE-10), debido a que esta catalogación contribuye al estigma y agrava las consecuencias para una minoría ya sujeta a discriminación.
“Resulta peligroso y preocupante utilizar un documento que hace referencia a categorías desactualizadas de diagnóstico que tanto la propia OMS y otros organismos de salud mental internacionales han catalogado como patologizantes, y que no responden a la realidad científica y social de las personas de la diversidad sexual y de género”, enfatiza.
En su lugar, propone la implementación del CIE-11, actualizado en 2018 por la OMS, que excluye varias categorías que resultan en la patologización de la comunidad LGBTIQ+. Los firmantes también critican el reciente comunicado del portafolio por no presentar propuestas de acción concretas para evitar las “graves consecuencias” señaladas, sobre todo porque “abre las puertas a las mal llamadas ‘terapias de conversión’”.
El Ministerio de Salud destacó que el CIE-10 sigue vigente en Perú hasta que se comience la implementación progresiva del CIE-11, proceso similar al que se está llevando a cabo en otros países de la región. Sin embargo, el pronunciamiento de la comunidad médica y activistas cuestiona que las directrices y protocolos de esta cartera no diferencien claramente entre el uso del CIE-10 y el CIE-11.
“Esto deja en evidencia que no se ha realizado una actualización de las categorías de diagnóstico y el uso de manuales clínicos ajustados a los estándares internacionales, poniendo en riesgo, no solo a la población de la diversidad sexual y de género, sino a todas las personas que requieran atención médica o de su salud mental”, recalca la misiva.
La activista Gianna Camacho, coordinadora del Observatorio de DD. HH. LGBTI+ de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, expresó su preocupación sobre las repercusiones del decreto sobre la población trans en el sistema de salud.
“Esto proporciona una herramienta a quienes, incluso sin darse cuenta, nos ven como fenómenos o enfermos. Ahora pueden argumentar que el Estado, a través del Ministerio de Salud, valida esta percepción. Esta situación, a su vez, facilita la aparición de más casos de vulnerabilidad y discriminación, los cuales ya son una realidad en hospitales y postas sanitarias”, dijo en RPP.
Según un estudio realizado por Más Igualdad, cerca del 40% de las personas LGBTIQ+ encuestadas fueron objeto de prácticas de conversión, consideradas por la Organización Panamericana de Salud y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como formas de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Desde la eliminación de la homosexualidad del Manual Diagnóstico y Estadístico de Desórdenes Mentales (DSM) por la Asociación Americana de Psiquiatría en 1973, y su posterior exclusión por la OMS en 1990, diversos organismos internacionales de salud han adoptado posturas en contra de la patologización de la diversidad sexual y los intentos por modificarla.
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