Patricia Benavides y los dos frentes de acción que usaba para buscar la destitución de la JNJ, según Fiscalía

En el avance de las investigaciones hacia la fiscal suspendida de la Nación, Patricia Benavides, Delia Espinoza, fiscal suprema, ha dejado en claro las supuestas maniobras realizadas por dicha funcionaria y la congresista Patricia Chirinos Venegas para acabar con la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Fruto de esta claridad, el pasado viernes 10 de mayo, presentó ante el Congreso de la República una denuncia constitucional con el objetivo de eliminar el privilegio del antejuicio, permitiendo así avanzar a la fase de investigación preparatoria.

En esta denuncia constitucional, que ya se encuentra en manos del Congreso; y que deberá seguir su curso ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) en un periodo que demoraría, como mínimo, tres meses; la fiscal Delia Espinoza detalla el modus operandi delictivo que Patricia Benavides habría intentado establecer para lograr la inhabilitación de la JNJ antes de que esta pueda ejercer su destitución por los múltiples casos de faltas administrativas que pesan en su contra.

Por ello, en el documento que ahora se encuentra en manos de la SAC, se detallan una serie de hechos a los que el medio de investigación Epicentro tuvo acceso. Según el medio, Espinoza aclara la existencia de dos frentes o “redes” conformadas por diferentes personas que la apoyaban mediante negociaciones con Congresistas, diligencias, y otros requerimientos que ella pueda necesitar.

Así, la denucnia detalla a una red interna, que estaba conformada por funcionarios dentro del Ministerio Público, entre los que se encuentran los asesores Jaime Villanueva, Miguel Girao, Abel Hurtado, y algunos fiscales supremos como Marco Huamán y Elmer Ríos.

En tanto, entre las redes externas, las cuales son constituidas por funcionarios dentro de otras instituciones que no son la Fiscalía, pero serían afines a los intereses de Benavides. Entre estos están congresistas como Martha Moyano; y la misma Patricia Benavides; así como otros abogados reconocidos como Hernán Garrido-Lecca Montañez, José Luis Hauyón Dall’orto, Rudy Renzo Aguedo del Castillo y Claudia Vanessa Ruiz Mesías.

Ahora bien, respecto a la denuncia en sí, la fiscal Delia Espinoza señaló que, para estos casos en específico, las imputaciones contra Patricia Benavides comprenden los delitos de peculado doloso agravado y cohecho pasivo específico; mientras que en el caso de Patricia Chirinos, el Ministerio público tipificó sus faltas en la calificación de “presunta cómplice primaria del delito de peculado doloso”.

En el entramado de las pesquisas, se pudo conocer también que el nexo inicial entre Benavides y Chirinos se estableció por medio de los asesores Abel Hurtado y Jaime Villanueva, quienes, en uso de sus contactos con el Congreso, lograron que la congresista se presente ante la suspendida fiscal. Esta vinculación propició la presentación de la Moción de Orden del Día N° 7565 con la que se buscaba establecer una investigación sumaria contra la JNJ.

Pero no solo esto; la denuncia detalla también que esta cercanía también propició la denuncia ante fueros judiciales a los magistrados que otorgaron la medida cautelar en favor de los miembros de la JNJ.

Así, en el documento se detalla que “la denunciada habría utilizado indebidamente (sus) facultades para separar a determinados fiscales del conocimiento de investigaciones presuntamente para favorecer a terceras personas con las cuales tendría vinculación directa o indirecta, o como represalia contra determinados fiscales que habrían denunciado o investigado a sus allegados”.

En la acusación también se precisa que la situación de debilidad a la que se enfrentaba Patricia Benavides sirvió para que ella “realice una serie de acuerdos de connotación ilícita, con determinados congresistas y grupos políticos para lograr remover a los integrantes de la JNJ y así evitar que dichas investigaciones prosperen”.

A la luz de la denuncia, se revela, incluso, que fue la misma Benavides Vargas quien le pidió a Patricia Chirinos, a través de Jaime Villanueva, que presente una denuncia penal contra los jueces miembros de la sala que impidió la votación de la polémica moción. Siguiendo esta orden, Chirinos presentó la acusación contra los magistrados ante la Secretaría General de la Fiscalía de la Nación.

De acuerdo con lo detallado por la Fiscalía Suprema, esta denuncia, impulsada por Benavides fue tanto de su interés que uno de sus hombres de confianza, Abel Hurtado, fue el encargado de elaborar el documento; en compañía del fiscal Álvaro Abilio. Una vez elaborada, la denuncia llegó a manos de Villanueva, quien, a su vez, hizo entrega de esta a Chirinos.