El último informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) revela un alarmante aumento de la pobreza durante la gestión de la presidenta Dina Boluarte. Según este estudio, regiones con alta actividad minera como Cajamarca y Cerro de Pasco registran los mayores índices de pobreza, desafiando la noción de que la minería genera progreso, de acuerdo a especialistas.
En estas áreas, se observa que, a pesar del crecimiento del 10% en el sector minero en 2023, la pobreza afecta a 9.780.000 millones de peruanos, y cerca de 2 millones viven en pobreza extrema, enfrentando situaciones de hambre.
Siguiendo el análisis de Red Muqui —organización en defensa de los derechos y el desarrollo sostenible de comunidades y poblaciones en entornos de actividad minera— dicho fenómeno contrastaría con las promesas de desarrollo económico atribuidas a la minería, sector que, según los datos expuestos, no ha logrado traducir sus ganancias en una mejora del bienestar de la población en las regiones extractivas.
¿Cuáles son las regiones mineras más pobres del Perú?
Cajamarca, Cerro de Pasco y Puno son los departamentos donde más del 40% de sus habitantes viven bajo la línea de pobreza, cifras que plantean serias interrogantes sobre la distribución de los beneficios económicos de la minería.
Esto debido a que proyectos mineros importantes como Yanacocha, Volcan y Milpo se encuentran en estas regiones, lo que suscita un debate sobre la responsabilidad social y económica de estas empresas, apunta Red Muqui.
Por ello, resaltan la urgencia de implementar medidas que promuevan una distribución más equitativa de los ingresos y un desarrollo sostenible que priorice el bienestar de todas las peruanas y peruanos en dichas regiones.
Regiones que recibieron más de S/66 millones por minería son las que menos gastan en obras
Bajo este contexto, se sabe que las regiones beneficiadas de ingresos por actividades relacionadas con la minería son también las que tienen los niveles más bajos de inversión en infraestructura y obras públicas.
Por ejemplo, esta realidad observó en el período comprendido entre 2005 y 2021, donde los gobiernos regionales y locales recibieron aproximadamente S/66.765 millones de soles debido a la industria minera, pero solo lograron ejecutar, en promedio, el 62% de proyectos de obras planeados.
Sobre ello, Abraham Chahuan, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), ha resaltado que a pesar de los recursos económicos disponibles provenientes de la actividad minera, capaces de aliviar la pobreza y cerrar brechas de desigualdad, no se observa una ejecución efectiva de proyectos que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos en las regiones más beneficiadas.
¿Cuáles son las soluciones para enfrentar este problema?
Como solución, Chahuan enfatiza la necesidad de una mayor capacidad de gestión e ingeniería en el sector público para aprovechar adecuadamente estos ingresos. No obstante, el caso de Moquegua se presenta como una excepción dentro del panorama nacional, destacando por su capacidad para llevar a cabo proyectos de infraestructura a diferencia de otras zonas que apenas alcanzan un 40% de ejecución.
Ante este panorama, la preocupación principal radica en la capacidad del Estado para gestionar y supervisar los recursos financieros disponibles, lo cual, según Chahuan, representa un “vacío” que debería ser llenado por el Gobierno nacional. A su vez, la inversión social por parte de las empresas mineras mediante programas como obras por impuestos y participación pública, se señala como una medida paliativa ante la ausencia estatal.