Gobierno de Dina Boluarte aprueba decreto que califica como trastorno mental la transexualidad y el transvestismo

El viernes 10 de mayo el Poder Ejecutivo aprobó un Decreto Supremo que causa controversia al incluir las identidades LGBTIQ+ en el ámbito de los trastornos mentales.

El documento, que lleva la firma de la presidenta Dina Boluarte; el ministro de Salud, César Vásquez; y el ministro de Economía y Finanzas, José Arista, califica como un mal a atender el transexualismo, el transvestismo y las dudas relacionadas a la identidad de género.

La base que el Ministerio de Salud (MINSA) empleó para hacer esta consideración es Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) de la Organización Mundial de la Salud (OMS). De esta forma, incluyeron el contenido de este documento dentro del Plan de Aseguramiento en Salud (PEAS).

En ese sentido, los diagnósticos que figuran en la CIE-10 pasarán a ser considerados como trastornos mentales cubiertos por los servicios de salud estatales peruanos.

Ante esta noticia, miembros de la comunidad LGBTIQ+ expresaron su preocupación, argumentando que el MINSA está utilizando información obsoleta, dado que la CIE-10 dejó de utilizarse en 2022.

Un grupo numeroso de personas trans y miembros de la comunidad LGTBIQ+ se congregaron en una manifestación en Lima para denunciar los crímenes de odio y la violencia que han enfrentado el pasado 17 de febrero. La protesta fue una respuesta a la creciente vulnerabilidad, evidenciada por el aumento de extorsiones y amenazas de muerte por parte de grupos delictivos desde el año 2021.

La movilización tuvo lugar en la intersección de las calles Jr. Chancay y Jr. Zepita, en el Cercado de Lima, y contó con la participación de aproximadamente 200 mujeres trans y organizaciones aliadas.

A través de la manifestación, exigieron cambios en las políticas de seguridad y justicia para asegurar la protección de las personas trans y miembros de la comunidad LGTBIQ+. También se pedía el reconocimiento legal de los cambios de nombre y género en los documentos de identidad, junto con oportunidades laborales libres de discriminación.

En el Perú, solo el 21% de los ciudadanos respalda la idea del matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo, mientras que el 79% se muestra en desacuerdo, según el último reporte del Barómetro de las Américas.

A excepción de Uruguay, Chile y Argentina, en todas las naciones de América Latina y el Caribe que fueron objeto de la encuesta, menos de la mitad de la población está a favor de esta medida.

No obstante, el respaldo al derecho de la comunidad LGTBIQ ha experimentado un crecimiento en el país en los últimos años, alcanzando su punto más alto en el 2023. Entre los segmentos de la población que muestran mayor apoyo se encuentran las mujeres, los jóvenes, aquellos con mayor nivel educativo y económico, así como los residentes en áreas urbanas.

El informe del Barómetro de las Américas señala que desde el 2017 se considera la orientación sexual y la identidad de género como agravantes en casos de delitos de intolerancia o discriminación.

Se estima que más de 1 millón de adultos peruanos se identifican con una orientación sexual no heterosexual, lo que representa aproximadamente el 8% de la población. En el contexto sudamericano, este es el panorama revelado por el informe:

1. Uruguay
2. Argentina
3. Colombia
4. Brasil
5. Ecuador
6. Bolivia
7. Perú
8. Paraguay