El Ministerio Público emitió un comunicado para dar a conocer que ya presentaron denuncia constitucional contra la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y la parlamentaria de Avanza País Patricia Chirinos. La Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, a cargo de al fiscal suprema titular Delia Milagros Espinoza Valenzuela, detalló que este viernes 10 de mayo hizo llegar la acusación al presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Alejandro Soto, de Alianza para el Progreso.
Cabe resaltar que es necesario que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y el Pleno del Parlamento revisen y discutan el contenido de la denuncia constitucional.
En el caso de Patricia Benavides, la Fiscalía la acusa de la presunta comisión de los delitos de peculado doloso agravado y cohecho pasivo específico, en agravio del Estado. Mientras que en el caso de Patricia Chirinos la denuncia se presentó por la presunta comisión del delito de peculado doloso agravado.
“En el trámite de la investigación seguida en la carpeta fiscal n.° 120-2024, el 10 de mayo de 2024 se ha presentado, ante el presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto Reyes, denuncia constitucional contra Liz Patricia Benavides Vargas -en su condición de fiscal suprema titular y ex Fiscal de la Nación- como presunta autora de la comisión de los delitos de peculado doloso agravado y cohecho pasivo específico, en agravio del Estado; y, contra Patricia Chirinos Venegas -en su condición de Congresista de la República- como presunta cómplice primaria de la comisión del delito de peculado doloso agravado, en agravio del Estado”, se lee en el primer párrafo del comunicado de la Fiscalía.
La Fiscalía especificó que acusan a la suspendida fiscal de la Nación de haber coordinado con la parlamentaria Patricia Chirinos la presentación de una denuncia penal contra jueces que fallaron a favor de los miembros de la Junta Nacional de Justicia.
Como se sabe, el Parlamento presentó una denuncia constitucional contra Aldo Vásquez e Inés Tello para que sean removidos del pleno de la Junta Nacional de Justicia. La representación legal de estos magistrados solicitó una medida cautelar ante la Tercera Sala Constitucional de al Corte Superior de Justicia de Lima con el objetivo de suspender lo ordenado por el Parlamento.
De acuerdo con la Fiscalía, la decisión habría devenido en coordinaciones entre Patricia Benavides y Patricia Chirinos para denunciar a los jueces que dieron esta sentencia.
“Los hechos se vinculan a las presuntas coordinaciones de la ex Fiscal de la Nación Liz Patricia Benavides Vargas con la congresista Patricia Chirinos Venegas para presentar una denuncia penal ante el Ministerio Público, por el presunto delito de prevaricato contra los magistrados de al Tercera Sala Constitucional de al Corte Superior de Justicia de Lima, quienes declararon fundada una medida cautelar a favor de la Junta Nacional de Justicia para que se suspenda el debate del informe final de la Comisión de Justicia del Congreso de la República que recomendó sus remociones”, explicó la Fiscalía.
Congreso aprueba que candidatos con puntaje bajo sean suplentes en JNJ
El pleno del Congreso dio luz verde en primera votación a un texto sustitutorio que permite que los postulantes con menor puntaje en el cuadro de méritos del concurso público de 2019 puedan ser considerados como miembros suplentes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Con 67 votos a favor, se aprobó el proyecto que implica modificaciones en la Ley Orgánica de la JNJ, una iniciativa que fue inicialmente propuesta por el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez. La segunda votación se realizará después de un plazo de 7 días.
“Se habilita de manera excepcional a los postulantes que figuren como aprobados en el cuadro final de méritos de la Segunda Convocatoria del Concurso Público de Méritos para la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, para que asuman la condición de miembro suplente en estricto orden de mérito, de conformidad con el artículo 9 de la presente ley, previa actualización de sus hojas de vida y de sus antecedentes penales, judiciales y policiales”, se lee en la disposición que se busca introducir.