El Pleno del Congreso aprobó ley que elimina la responsabilidad penal para los partidos políticos en Perú, con una notable mayoría de 88 votos a favor. Esto significa que las agrupaciones políticas ya no podrán ser procesadas judicialmente por delitos que se les impute, a menos que el Poder Ejecutivo presente objeciones al dictamen congresal.
Las bancadas de Perú Libre, Renovación Popular, Podemos y Fuerza Popular, que apoyaron la medida, están bajo la mira de la justicia, pues están involucradas en distintas investigaciones a cargo de la Fiscalía de la Nación.
De esta forma, se modifica el artículo 105 del Código Penal con la finalidad que a los partidos políticos no se les pueda aplicar las mismas reglas de disolución o suspensión que se aplica a las personas jurídicas comunes.
El texto sustitutorio, elaborado por las Comisiones de Constitución y Justicia, presididas por la congresista Martha Moyano, de Fuerza Popular, y Américo Gonza Castillo, de Perú Libre, fue exonerado de segunda votación.
“Los partidos políticos no podrán ser sujetos de disolución, suspensión o del cierre de sus locales por la vía judicial, sino que su régimen sancionador se rige por la Ley N.º 28094, Ley de organizaciones políticas y sus estatutos partidarios”, acotó la parlamentaria fujimorista.
Polémico proyecto de ley es iniciativa de Waldemar Cerrón
El proyecto de Ley N.° 6084/2023 que busca eximir de sanciones penales y embargos a los partidos políticos fue impulsada por el congresista Waldemar Cerrón de Perú Libre.
Durante su sustentación, Cerrón argumentó que el proyecto propone “evitar la criminalización de los partidos políticos, así como promover la protección e intangibilidad de sus respectivos bienes y activos, cuando uno o varios de sus militantes, afiliados o fundadores estén inmersos en una o varias investigaciones fiscales o sean condenados por cualquier tipo de delito doloso”.
Agrupaciones políticas bajo investigación fiscal
Diversas agrupaciones políticas en Perú, entre ellas Fuerza Popular, Perú Libre, Podemos Perú, y Renovación Popular, se encuentran actualmente bajo investigación por parte de la fiscalía del país por una serie de delitos que incluyen presunto lavado de activos y falsificación de firmas. Esto ocurre en el contexto donde los partidos investigados han aprobado una ley que los beneficiaría ante tales acusaciones.
El fiscal José Domingo Pérez inició una expansión en la investigación contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular en agosto del año 2021, por la posible implicación en lavado de activos durante las elecciones generales de ese año. Se detalla que el gasto en recursos de nulidad y apelaciones ascienden a considerables sumas de dinero, específicamente S/ 1.278.430 y S/ 31.350, respectivamente.
En paralelo, Perú Libre, el partido de la actual presidenta Dina Boluarte, también está siendo investigado por presuntas fuentes de financiamiento ilícitas relacionadas con la organización criminal “Los Dinámicos del Centro”, especialmente durante la campaña electoral de 2021.
Por otro lado, Podemos Perú enfrenta escrutinio por una posible inscripción irregular ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con José Luna Gálvez, fundador del partido, implicado directamente en el caso por falsificación de firmas y documentos. A esto se suma el caso de Renovación Popular, incorporado a una investigación por asociación ilícita y lavado de activos relacionado con el caso Lava Jato, señalado por la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional el pasado 20 de abril.
Así fue la votación
Entre los detalles relevantes de la votación, destaca que la única agrupación que se opuso en su totalidad a la medida fue Cambio Democrático-Juntos por el Perú con 9 votos en contra, marcando una clara discrepancia frente al resto del espectro político.
Fuerza Popular lideró el apoyo con 21 votos a favor, seguido por Perú Libre, que aportó 11 votos a favor, y Alianza para el Progreso con 9. La solicitud previa de la Fiscalía por la disolución de Fuerza Popular, en el contexto del caso Cócteles, resalta la tensión y la importancia del debate sobre la responsabilidad de las organizaciones políticas en actos delictivos.
Somos Perú, Perú Bicentenario y Avanza País fueron otras de las bancadas que respaldaron la propuesta, junto a nueve congresistas no agrupados que también se pronunciaron a favor. La votación exhibió una división partidista donde la mayoría de los bloques apoyaron la iniciativa, con excepciones menores dentro de algunos como Bloque Magisterial y Acción Popular, que presentaron votos tanto a favor como en contra.
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