Piura: Mujer finge secuestro y exige a su esposo un pago de 300 mil soles

En un operativo llevado a cabo por la Sección de Secuestros y Extorsiones de la Divincri de Piura, dos personas fueron arrestadas bajo la acusación de escenificar un secuestro para exigir un rescate de S/300,000.

Las detenciones de Lesly Fuchs Lozano, de 44 años, y Wilmer Wilfredo Flores Silva, de 53, ocurrieron la noche del último miércoles en las instalaciones de la empresa de transportes Ittsa Bus en Piura.

La investigación se inició tras la denuncia de W.B.S., quien informó a las autoridades que había recibido llamadas telefónicas anunciando el secuestro de su esposa, Lesly Fuchs Lozano, quien estaba trabajando en Sechura.

Los supuestos secuestradores exigían la suma mencionada a cambio de no atentar contra su vida. Sin embargo, el seguimiento del número de celular desde el cual se realizaron las llamadas, y la posterior geolocalización, llevaron a los investigadores a descubrir que los reportes procedían de la Zona Industrial de Piura.

Las pesquisas revelaron que se habían adquirido boletos de autobús a nombre de Lesly Lizeth Fuchs Lozano, desmontando la versión del secuestro y poniendo en evidencia la falsedad del delito.

Ambos implicados fueron sorprendidos por la policía en la sala de espera de la mencionada empresa de transportes, a punto de viajar hacia Trujillo.

Este suceso destaca la importancia de las labores de investigación e inteligencia llevadas a cabo por las autoridades para desarticular planes delictivos y asegurar la tranquilidad y seguridad de la ciudadanía.

El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, ha propuesto ante el Congreso una iniciativa de reforma constitucional que busca otorgar a la Policía Nacional del Perú (PNP) la capacidad de efectuar detenciones preventivas de hasta 15 días para individuos implicados en delitos graves como robo, extorsión, sicariato, secuestro, y trata de personas.

Esta medida pretende ampliar el espectro de delitos que actualmente, bajo la legislación peruana, justifican una detención preventiva por el mismo periodo, limitándose hasta ahora a terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas, y delitos vinculados a organizaciones criminales.

La propuesta surge como una estrategia para evitar la prematura liberación de sospechosos por expiración del plazo de detención en estos delitos específicos, buscando de esta manera reducir la impunidad y las actividades delictivas asociadas.

Al respecto, el Poder Judicial también sugiere que la detención por delitos menores contemplados en el Código Penal se extienda de 48 a 72 horas, con el fin de asegurar una mayor eficacia en el proceso de investigación y encausamiento legal de los delincuentes.

En el contexto actual, donde ciertos delitos tienen un impacto considerable en la seguridad ciudadana, la iniciativa de Arévalo podría representar un cambio significativo en la lucha contra la criminalidad en Perú.

“El propósito de la presente reforma constitucional es seguir dotando a la Policía Nacional y/o Ministerio Público de las herramientas necesarias de carácter procedimental y/o administrativo, para que respondan eficazmente frente a estos delitos, de tal forma que se pueda evitar la impunidad de sus autores y cómplices, con lo que se evita el aumento de las actividades criminales que afectan los bienes constitucionales legitimados por la Constitución en un Estado constitucional de derecho”, reza el texto.

La propuesta legislativa ahora espera la revisión y aprobación del Congreso, donde se analizarán las implicancias legales y los posibles efectos en los derechos civiles y la eficacia del proceso judicial en el país.