Fiscal de la Nación exige que se reponga el Equipo Especial que apoyaba a la Eficcop y fue desarticulado por el Mininter

El Fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, ha tomado una firme posición frente a la reciente disolución del Equipo Especial de la Policía Nacional del Perú (PNP) que colaboraba con el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), destacando su compromiso con la defensa de la legalidad y demandando la inmediata reposición de este grupo.

En este contexto, Villena expresó, durante el discurso en la conmemoración del cuadragésimo tercer aniversario del Ministerio Público, dirigido a otros fiscales presentes, que la población puede tener la certeza de que la Fiscalía se comprometerá a defender la legalidad de este equipo policial en cada una de las etapas procesales.

Horas antes del discurso de Villena, el Ministerio Público anunció que ha iniciado un análisis para determinar la legalidad de la desarticulación del equipo especial policial por parte del Ministerio del Interior, y a su vez, la posible relación existente con la detención preliminar de Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria, el abogado Mateo Castañeda y otras seis personas más.

La desaparición del equipo policial conformado por la Diviac y Dirandro se formalizó el último 09 de mayo, a través de una resolución ministerial firmada por el Ministro del Interior, Walter Ortiz. El equipo había estado bajo la dirección del coronel PNP Harvey Colchado, quien actualmente se encuentra suspendido, y fue establecido en la época en que Mariano González ocupaba el cargo de ministro del Interior.

Según el gobierno de Dina Boluarte, la desactivación del equipo policial responde a una supuesta duplicidad de funciones con otras divisiones, aunque críticos argumentan que esta acción podría comprometer investigaciones significativas, como el sonado Caso Rolex, que involucra a personajes cercanos a la esfera del poder como Nicanor Boluarte y la propia presidenta Dina Boluarte.

Franco Moreno Panta, actual dirigente de la DIVIAC en reemplazo de Harvey Colchado, fue citado personalmente por la presidenta Dina Boluarte en un intento por obtener detalles sobre una indagación que afecta a su hermano, Nicanor, según reportes de la unidad investigadora de América Televisión y Canal N, ocurrido el martes 7 de mayo.

La presidenta presuntamente no respetó los procedimientos establecidos para adquirir información acerca de las pesquisas relacionadas con Nicanor Boluarte y su letrado, Mateo Castañeda, y llamó a Moreno desde su propio teléfono celular.

Después de una reunión en la sede gubernamental y un intercambio en el que el coronel PNP resistió la presión, abandonó el lugar, según las imágenes captadas por el mencionado medio.

Subsecuentemente, ese mismo día, se efectuó la orden de arresto contra el hermano de la presidenta, en el marco de la operativa ‘Valkiria Jericó’ relacionada con el caso ‘Los Waykis en la Sombra’.

Este viernes, el Poder Judicial dictaminó la detención de Nicanor Boluarte Zegarra por un periodo de 10 días, relacionado con su influencia en el actual gobierno desde el 7 de diciembre. El hermano presidencial ha sido defendido públicamente por la jefa de Estado incluso frente a críticas sobre sus encuentros con contratistas estatales.

La captura de Nicanor Boluarte por el Eficcop y la Diviac se enmarca en investigaciones por presunta organización criminal y tráfico de influencias en el caso ‘Los Waykis en la Sombra’, con posibles condenas que podrían superar los 30 años de prisión, según el análisis del abogado penalista Andy Carrión.

Estas acusaciones implican a Nicanor en maniobras para influenciar nombramientos gubernamentales y recolectar firmas y fondos para su movimiento político, Ciudadanos por el Perú, apuntando a su injerencia en importantes designaciones a nivel regional y estatal.

La situación se complica con el intento de Mateo Castañeda Segovia, abogado de la presidenta, por obstruir la investigación en contra de Nicanor, reflejando una profunda trama de corrupción que se extiende hasta altos niveles del gobierno. Todo esto ocurre mientras se informa sobre la reciente desactivación del Equipo Especial de la Policía, sugiriendo una posible anticipación del gobierno a las acciones legales en curso.