Congreso aprueba exonerar prisión preventiva por el uso de armas en “legítima defensa”

El Pleno del Congreso aprobó el uso de armas por parte de los ciudadanos en situaciones de “legítima defensa”. La votación final resultó en 79 votos a favor, 18 en contra y 5 abstenciones. La propuesta legislativa, impulsada por las congresistas Norma Yarrow y Patricia Chirinos, introduce modificaciones significativas tanto en el Código Penal como en el Nuevo Código Procesal Penal del país.

Este cambio legislativo establece que no se procederá con la prisión preventiva contra aquellas personas que, en acto de defensa propia, utilicen armas para proteger su integridad o la de terceros, siempre y cuando no exista antecedentes penales o una sentencia firme previa.

El numeral 3 del documento aclara que el acto de defensa puede ejercerse en caso de una irrupción ilegítima en una propiedad privada, vehículo, negocio o lugar de trabajo. Así como también frente a una situación de peligro inminente, donde se repele una agresión.

Por otro lado, se establece que si en el acto de defensa se utilizó un arma de fuego legalmente inscrita, esta debe ser incautada por la autoridad competente en un plazo no mayor a 48 horas para las investigaciones preliminares.

El Ministerio del Interior, el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación declararon, en setiembre del año pasado, como no viable una iniciativa legislativa en estudio por la Comisión de Justicia. Estas entidades, fundamentales en la administración de justicia del país, han expresado serias preocupaciones sobre las implicaciones de dicha propuesta.

La iniciativa en cuestión ha suscitado alarmas por sugerir ajustes al código que rigen la defensa legítima, lo cual, según señala el Poder Judicial, podría desvirtuar el análisis objetivo y concreto de los hechos que son esenciales en el proceso penal. Por otro lado, la Fiscalía ha argumentado que la seguridad ciudadana no puede ser usada como pretexto para crear mecanismos que, en la práctica, faciliten la justificación o exculpación de actos de violencia por parte de los ciudadanos hacia terceros, incluidos familiares.

La congresista Patricia Chirinos de Avanza País destacó que la medida busca ofrecer un “escudo de protección” para aquellos que se enfrenten a situaciones de riesgo, enfatizando el derecho a la legítima defensa y a vivir en seguridad.

Fernando Rospigliosi de Fuerza Popular subrayó la urgencia de contar con una ley que resguarde del aumento de la delincuencia que aterroriza a la población. En la misma línea, Juan Burgos de Podemos llamó la atención sobre la persecución judicial que sufren los policías al ejercer su defensa contra criminales. Por su parte, Wilson Soto de Acción Popular expresó su respaldo a la iniciativa, resaltando que esta permitirá a la policía actuar con decisión frente a la criminalidad.

José Cueto de Renovación Popular argumentó que el proyecto legislativo tiene el objetivo de que los ciudadanos se sientan libres de defenderse sin temor alguno. José Williams, también de Avanza País, agregó que frente a una delincuencia organizada que ha menoscabado el respeto por el Estado, la propuesta legislativa promoverá el empoderamiento de la ciudadanía y reforzará la confianza de las fuerzas policiales en su confrontación con el crimen organizado.