Acceso a medicamentos: muchas iniciativas legales, pocos resultados esperados

Actualmente el 99.22% de peruanos tienen un seguro de salud; de ellos 73.4% son asegurados del SIS y 27.7% a EsSalud1. A pesar de ello la mayoría, cuando considera que necesita atención de salud, prefiere acudir a una farmacia o botica: la ENAHO 2022 estima que llegan a 47.26% los que buscan atención en ese lugar. Por otro lado, apenas el 62,66% de prestadores de salud del Minsa GORE tienen una disponibilidad de medicamentos esenciales mayor al 80% a marzo de 20242. Esto explica la necesidad de acudir a una farmacia privada en lugar de un establecimiento de salud público: no encontrar en este último la receta completa por un desabastecimiento crónico.

¿Cuál es la salida?

Para el Congreso de la Republica y el Poder Ejecutivo (Ministerio de Salud), la solución es cargar el problema de la falta de acceso a productos farmacéuticos en las espaldas de las boticas y farmacias privadas, obligándolas a mantener en existencias un determinado porcentaje de medicamentos genéricos. Un análisis simple cuestiona este razonamiento, pues si prácticamente todos los peruanos tienen un seguro de salud público, lo que se espera es que este garantice atención y medicación necesaria.

El Congreso acaba de aprobar un Texto Sustitutorio Consensuado entre las Comisiones de Salud y de Defensa del Consumidor donde se establecen importantes decisiones, entre ellas:

• Se definen a los medicamentos genéricos en Denominación Común Internacional (DCI) y a los medicamentos genéricos de marca (al final son iguales).
• Se señala que los establecimientos de salud del sector público están obligados a mantener un stock de medicamentos esenciales, aunque no se implanta un indicador de nivel de servicio para verificar que lo prescrito es entregado en la farmacia del establecimiento de salud al usuario (que es al final lo importante).
• Las farmacias y boticas privadas están obligadas a mantener al menos el 30% de su oferta de medicamentos de marca en alternativa de genéricos DCI del listado que apruebe el Ministerio de Salud. Esta obligación no alcanza a las microempresas, lo cual es una buena noticia para estos pequeños emprendimientos, pero mantiene la carga en los demás actores privados, además de la incertidumbre por la discrecionalidad de los fiscalizadores.
• La información comparativa de precios se exhibe de manera sencilla y accesible, ordenadas de menor a mayor precio, identificado por su nombre genérico en DCI.
• Se prohíbe a farmacias y boticas brindar consultas médicas, análisis clínicos, campañas médicas entre otras actividades.

Las propuestas de salida, en una agenda de plazo mayor, deben abordar por lo menos tres aspectos:

• Construir una política farmacéutica que incluya la promoción de medicamentos genéricos intercambiables, es decir lograr confianza en los usuarios porque existe una oferta segura y eficaz. Este es un camino largo y algo complicado, pero no es posible seguir en la actual práctica inacción.
• Cambiar el modelo de gestión del abastecimiento en el sector público, empleando el indicador de nivel de servicio, el cual mide la entrega completa y oportuna de todos los productos recetados al usuario, estableciendo un incentivo claro a los operadores de los servicios de farmacia. Se renovaría el sentido de las decisiones gestión, hoy dedicadas a mantener existencias (disponibilidad), orientándola a atender las necesidades reales de la demanda.
• Involucrar a las farmacias y boticas privadas en las soluciones de fondo: considerarlas parte del sistema nacional de salud, con un rol claro en el acceso a terapias, sobre todo para enfermedades crónicas que hoy son la principal causa de muerte y discapacidad en el mundo y en el país. Una persona afectada por este tipo de dolencias requiere de un manejo integral y necesita habitualmente una terapia farmacológica sostenida para controlar la enfermedad, evitando en lo posible las complicaciones. Al respecto, una iniciativa interesante es Farmacia Vecina de EsSalud, la cual utiliza las capacidades de compra del Estado con la agilidad del privado para distribuir y alcanzar las terapias a miles de asegurados de Lima y Callao.

Por ello, es urgente e importante que los poderes del Estado y la ciudadanía nos concentremos en identificar las soluciones de fondo para empezar a resolver este problema que afecta sobre todo a los peruanos más vulnerables.