La asociación Iniciativa Democrática presentó este miércoles una carta al secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, para solicitar la activación de la Carta Democrática Interamericana (CDI) “en defensa del orden constitucional y la democracia en Perú”.
El documento, firmado por el exministro Rudecindo Vega —presidente de la asociación—, expresa preocupación por las recientes reformas constitucionales y decisiones legislativas tomadas “con anuencia del Ejecutivo”, las cuales comprometen, a su juicio, la separación e independencia de los poderes.
Entre los hechos más alarmantes, destacan las acciones contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la eliminación de elecciones primarias en los partidos políticos, así como el impacto negativo en la autonomía de la Fiscalía de la Nación y el Tribunal Constitucional.
La Iniciativa Ciudadana advierte que estas acciones representan una “captura de instituciones” clave para el proceso electoral, incluido la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), lo que marca un claro avance hacia una agenda “autoritaria”.
La Carta Democrática, adoptada el 11 de septiembre de 2001 por la OEA, se activa ante la percepción de alteración o ruptura democrática en sus Estados miembros, con el fin de proteger y fomentar la democracia en el hemisferio Occidental. Ante riesgos a la democracia, se puede solicitar una sesión extraordinaria del Consejo Permanente del organismo para evaluar y responder a la situación.
El Tribunal Constitucional (TC) suspendió a fines de abril la restitución de Inés Tello y Aldo Vásquez como miembros de la JNJ, tras ser inhabilitados por el Congreso por una supuesta infracción constitucional. Paralelamente, ante la no ratificación de Piero Corvetto como jefe de la ONPE, la JNJ anunció la convocatoria de un concurso público para su selección.
Además, la Comisión de Constitución del Parlamento, liderada por la legisladora fujimorista Martha Moyano, impulsa un predictamen para reemplazar a la JNJ por la Escuela Nacional de la Magistratura, con lo cual se otorgaría al futuro Senado la facultad de elegir al jefe de la ONPE.
“En ese contexto, Iniciativa Democrática estima que se están vulnerando las obligaciones adquiridas por el Estado peruano en la Carta Democrática Interamericana, en torno a la preservación de elementos esenciales del régimen político de la democracia representativa, como la existencia de violaciones sistemáticas de los derechos humanos, la afectación grave de la independencia y separación de poderes, que afecta a la esencia misma del Estado de derecho, [...] y nuevas normas electorales opacas”, zanja el documento.
Pedido de Castillo
El expresidente Pedro Castillo solicitó en octubre de 2022 la ayuda de la OEA ante lo que describió como “una nueva modalidad de golpe de Estado”, después de que la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, lo acusara ante el Congreso de encabezar una organización corrupta enfocada en manipular contrataciones de obras públicas para lucrarse ilícitamente.
En una carta a también dirigida a Almagro, el exmandatario invocó la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, en cuyo artículo 17 recoge que, cuando un gobierno “considere que está en riesgo” su proceso democrático, puede recurrir al secretario general “a fin de solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática”.
La OEA respondió afirmativamente y decidió enviar un grupo de alto nivel para analizar la situación del país. La Carta Democrática se aplicó por primera vez en 2002, durante el breve derrocamiento de Hugo Chávez. Posteriormente, se empleó en situaciones de crisis en Honduras en 2009, luego de que un grupo de militares depuso a Manuel Zelaya, y se intentó nuevamente en Venezuela en 2016, aunque sin éxito.
Otros países donde ha sido invocada incluyen Ecuador (2005, 2010), Bolivia (2003, 2005, 2008), Nicaragua (2004, 2005 y 2021) y Perú (2004).
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