El exdictador Alberto Fujimori ahora busca que el Estado le reconozca el pago de una pensión mensual en condición de expresidente, pese a que esta no le corresponde. El pedido, que fue solicitado el pasado 26 de enero, ante la Mesa Directiva del Congreso de la República; planteaba no solo la asignación de los S/15.600 soles mensuales provenientes del dinero de todos los peruanos, sino también que se le acredite un asistente, tarjetas de beneficios y hasta vales de gasolina.
Al revelarse este hecho, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, ha enviado el recurso ante la Oficialía Mayor; a cargo del funcionario Giovani Forno; quien será el encargado de, tomando como base los antecedentes y las acciones anteriores solicitadas por otros presidentes y revisando la Constitución Política, tomar una decisión sobre el requerimiento de Fujimori Fujimori.
Para tomar esta decisión, Forno tendrá que recurrir a casos anteriores o similares a fin de revisar en qué sentido obró el Legislativo. Uno de estos casos es el del expresidente Pedro Castillo, quien fue retirado del cargo luego de que este intentara instaurar un golpe de Estado en el 2022. Posteriormente, se inició un proceso en su contra, pero, en un momento, Castillo intentó optar por la pensión de expresidente.
En esa oportunidad, el Congreso de la República emitió un tajante oficio en el que sustentaba por qué un expresidente con casos pendientes en la justicia no puede acceder a este beneficio. Se trata de la Carta N° 543-2024-DRH-DGA/CR; dirigida a Castillo y que fue formulada como respuesta al pedido de éste, realizado el 22 de marzo del 2024.
El informe que funciona como precedente para negar pensión a Alberto Fujimori
En el documento, la jefa del departamento de Recursos Humanos, Haidy Figueroa Valdez; detalló las conclusiones del Informe N°634-2024-AAL-DRH-DGA/CR del 09 de abril del 2024, en el que se hace referencia al artículo 2 de la Ley N° 26519, en el que se detalla que el “derecho (a una pensión vitalicia) queda en suspenso para el caso de ex Presidentes de la República respecto de los cuales el Congreso haya formulado acusación constitucional, salvo que la sentencia judicial los declare inocentes”.
Tanto para Pedro Castillo, así como para Fujimori, este es el caso que se cumpliría en ambos; el mismo que genera que estén descalificados para recibir dicha pensión. En el documento se hace referencia a Pedro Castillo detallando que “el señor se encuentra incurso en la suspensión del derecho de recibir la pensión para expresidentes Constitucionales de la República establecida en el artículo 2° de la Ley N°26519″.
“En consecuencia, la solicitud sobre Pensión para expresidentes Constitucionales de la República, establecida en la Ley N°26519, presentada por el señor José Pedro Castillo Terrones, resulta improcedente”, señala una de las conclusiones.
La situación legal de Alberto Fujimori
Al igual que Pedro Castillo, en su momento, el Congreso de la República formuló una acusación constitucional en su contra por una serie de delitos que, posteriormente y por medio de la vía judicial, terminaron siendo acreditados. En su momento, los escándalos de corrupción y otros hechos claramente ilegales; así como la vulneración de derechos humanos, sirvieron como causa suficiente para que el entonces congresista César Acuña y otros colegas presentaran la denuncia constitucional en su contra.
Esta fue planteada el 30 de noviembre del 2000; la misma que fue numerada con el N°57. El proceso de antejuicio siguió su curso y para el 23 de febrero del 2001, se procedió con la resolución que “inhabilitaba el ejercicio de la función pública hasta por 10 años de Alberto Fujimori”. Decisión que se tomó tras la aprobación de la acusación constitucional en su contra.
Bajo este concepto, y con el antecedente de la respuesta al expresidente Pedro Castillo, lo que correspondería es que el Parlamento no ceda al pedido del autócrata. No obstante, y a diferencia del caso de Castillo Terrones; la Oficialía Mayor ha mostrado una demora al momento de responder este pedido.