El expresidente Pedro Castillo, destituido en diciembre de 2022 tras intentar un golpe de Estado, presentó al Congreso una solicitud para acceder a una pensión vitalicia de S/15.600, una demanda similar del exdictador Alberto Fujimori, según un informe difundido este martes en el Comercio.
Mediante una carta emitida el 11 de abril, el Parlamento notificó al exmandatario la improcedencia de su solicitud, lo que llevó a su defensa a apelar esa decisión inicial. Castillo fue objeto de una acusación constitucional por presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias, una denuncia presentada por la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
En la apelación presentada recientemente, el exgobernante sostiene que obtuvo el derecho a una pensión vitalicia justo después de su destitución, el 7 de diciembre de 2022. Argumenta que, dado que la acusación constitucional en su contra se aprobó más de dos meses tras su salida del poder, considera “arbitrario e ilegal” que se le niegue dicho acceso.
También destaca la desproporción de restringir esa pensión dado que, al estar privado de libertad, carece de ingresos para cubrir necesidades básicas y el sustento de sus hijos, actualmente asilados en México con la exprimera dama, Lilia Paredes. Castillo concluye que esta negativa del Congreso vulnera, además, su presunción de inocencia y otros derechos.
La apelación, firmada por el exministro Walter Ayala, ha sido criticada por el constitucionalista Alejandro Rospigliosi, quien la calificó sin fundamento legal o constitucional, e instó al Congreso a declararla improcedente.
El letrado destacó que los mismos argumentos podrían aplicarse a Fujimori, quien también busca una pensión vitalicia, además del pago de un asistente personal y vales de combustible, pese a que adeuda 57 millones de soles en reparación civil por diversas condenas relacionadas con actos de corrupción junto a su exasesor, Vladimiro Montesinos.
Los pedidos del excarcelado aún se encuentran en la Oficialía Mayor del Congreso, que deberá evaluarlos y decidir si proceden o no.
Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski disfrutan de la pensión de expresidentes, aún enfrentando procesos judiciales. En contraste, exmandatarios como Manuel Merino, Francisco Sagasti y Martín Vizcarra, este último inhabilitado por el caso ‘Vacunagate’, se ven excluidos de este beneficio debido a interpretaciones legislativas y sanciones aplicadas.
“A igual razón, igual derecho [...] Es imprescindible eliminar la pensión vitalicia para los exmandatarios. Los expresidentes de la República merecen respeto protocolar y un lugar en los libros de historia del Perú. Más no que se dilapiden recursos públicos en su nombre que en el Perú son escasos”, acotó Rospigliosi.
Heber Joel Campos, también constitucionalista, recordó que a Castillo se le aprobó el antejuicio, lo que fundamenta su proceso judicial actual. “Como señala la Ley N.º 26519, solo accedería a la pensión vitalicia si, en el marco de dicho proceso, es declarado inocente”, explicó.
Solicitudes de Fujimori
Fujimori presentó tres pedidos al Congreso: el primero, el 26 de enero, para contratar a Óscar Paredes como su asistente mediante CAS; el segundo, el 20 de marzo, solicitando vales de combustible para un vehículo Honda registrado a nombre de su difunta esposa, Susana Higuchi; y el último, el 24 de abril, pidiendo la pensión de S/15,600.
Desde su excarcelación, el exdictador ha sido visto públicamente en Lima y participa activamente en redes sociales, incluso lanzó un canal en YouTube para abordar su gestión y responder a acusaciones. En una de sus declaraciones más polémicas se refirió a la duración del gobierno de Dina Boluarte y mencionó un acuerdo entre Fuerza Popular para que continúe hasta 2026.
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