El megapuerto de Chancay, cuya construcción se encuentra en fase final (80%) para arrancar operaciones en noviembre de este 2024, enfrenta un conflicto legal y regulatorio con el Estado peruano, el cual parece no encontrar una salida temprana. A través de un pronunciamiento, el consorcio chino Cosco Shipping Ports Chancay Peru S.A, a cargo del megaproyecto, reconoció que la obra de infraestructura portuaria en el país, viene siendo “perjudicada seriamente” por un cambio en el esquema normativo.
El puerto ubicado en Huaral, al norte de Lima, espera contar con capacidad suficiente para que atraquen los buques de carga más grandes del mundo, y transporten más de 18.000 contenedores. Para una primera etapa, han destinado una inversión privada que asciende a los US$1.300 millones. Ello va en línea con la intención de establecer un centro logístico, industrial y tecnológico de importancia regional, en conjunto con otros proyectos en Callao y Ancón.
Sin embargo, para la empresa de capitales chinos, “las interpretaciones de parte” que han saltado en las últimas semanas modifican la forma de la prestación de los servicios portuarios y pretenden imponer condiciones regulatorias aplicables a puertos de titularidad pública, es decir operados o concesionados por el Estado.
“Funcionarios de Ositran mantienen públicas intervenciones con argumentación de parte, las que creemos debieran ser materia de análisis y discusión en el proceso expresamente diseñado para tal fin”, criticaron.
Insistirán en exclusividad privada del megapuerto de Chancay
Por ello, la compañía comunicó que se han visto en la necesidad de iniciar acciones de índole legal para defender su modelo de operación y asegurar su clasificación como infraestructura privada, pese a los beneficios públicos que ofrece. De acuerdo a Cosco, buscarán:
- Defender, ante una acción judicial planteada por el Estado, el derecho de Cosco Shipping a prestar los servicios portuarios en sus terminales, bajo la forma que fueron acordados al inicio de esta inversión.
- Asegurar que la infraestructura enteramente privada que beneficia al público en general, como el puerto de Chancay, no quiera ser por esto regulada como si fuera una empresa de titularidad pública y “entidad prestadora de servicios públicos” (en la que el Estado debe participar para asegurar su correcto funcionamiento por involucrar un bien público).
A lo largo del desarrollo del proyecto, iniciado en 2018, desde Cosco Shipping señalan que han logrado obtener las autorizaciones finales requeridas de acuerdo a ley, y se han enfocado en adaptar el diseño del puerto a estándares globales de tecnología y capacidad. Esto incluye la ampliación del número de muelles y el equipamiento previsto con el objetivo no solo de implementar instalaciones portuarias modernas, sino de contribuir con las inversiones en el Hub Logístico, Industrial y Tecnológico del país.
Cosco afirma que no han recibido respuesta del Estado peruano
De acuerdo con la empresa, a tres semanas de haber notificado el inicio del mecanismo de negociación al Estado peruano, no han recibido respuesta. Ante esto, Cosco insta a las autoridades a implementar un diálogo institucional que permita solucionar la controversia desatada.
“Cosco Shipping ha sido rigurosa en evitar pública confrontación sobre los aspectos técnico-jurídicos del proceso judicial iniciado por el Estado, así como en la activación de los mecanismos de solución de controversias establecidos por tratados internacionales sobre la estabilidad y marco jurídico de las inversiones, habiendo iniciado un procedimiento en el marco del Tratado de Libre Comercio con China, cuya primera parte tiene como propósito una negociación amigable en el marco del procedimiento establecido por el Estado para este tipo de procesos”, enfatizó.
El plazo para resolver disputa
Hace unos días, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas, José Arista, confirmó haber recibido dicha carta por parte de Cosco Shipping a mediados de abril, donde se expresaba el interés de la firma por alcanzar una “resolución amigable” en el plazo de seis meses (hasta octubre) y evitar así el proceso de un arbitraje internacional, en manos de tribunos independientes.
“Estoy seguro que en este caso no va a suceder, vamos a llegar a un acuerdo antes”, aseguró Arista Arbildo, con el fin encontrar una solución consensuada.
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