En el transcurso del 2023, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha presentado un informe de los resultados obtenidos tras llevar a cabo un total de 299 iniciativas en todo el territorio de Perú, con el objetivo de impulsar el desarrollo y reducir las problemáticas que aquejan al país.
Este amplio rango de acciones abarca desde programas especializados hasta fondos destinados a fortalecer los servicios esenciales para las comunidades. En el ámbito educativo, por ejemplo, las mejoras implementadas en 420 escuelas han hecho posible que cerca de 200 mil 000 estudiantes disfruten de una educación inclusiva y de alta calidad.
Además, más de 79 mil individuos en situación de vulnerabilidad nutricional han recibido asistencia vital, ya sea a través de alimentos o transferencias monetarias, para asegurar su acceso a productos básicos.
La informalidad en el Perú
Según el reporte de la ONU, a nivel nacional, en el 2023, se apreciaron “avances dispares en el acceso a servicios básicos de calidad” y se identificó a las poblaciones que se encuentran más rezagadas respecto a los progresos alcanzados, entre los que figuran los altos indicadores de pobreza e informalidad en el mercado laboral.
“Más de la mitad de los peruanos son pobres o vulnerables frente al riesgo de caer en la pobreza, y se observa una reciente tendencia hacia la urbanización de la pobreza, mientras que la pobreza rural sigue siendo una urgencia prioritaria. Además, tres de cada cuatro trabajadores son informales y, en áreas rurales, la cifra llega al 95%. La informalidad afecta especialmente a las y los jóvenes, así como a las personas venezolanas refugiadas y migrantes”, precisó el reporte.
Resultados en materia de salud
Esta complicada realidad se traduce también en materia de salud, en la que —si bien el 88,3% de la población peruana pobre cuenta con algún tipo de seguro de salud— se han mantenido ciertas falencias durante los últimos años, como el que la cobertura registrada fue notoriamente menor en el caso de la población refugiada y migrante (27%).
“Frente a ello, el Sistema de las Naciones Unidas en el Perú ha contribuido a que la Comisión de Salud del Congreso apruebe, en enero de 2024, la propuesta de la Ley que Modifica el Decreto Legislativo 1164 de Salud para la Protección en Salud de Tuberculosis o Infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) de Personas Refugiadas y Migrantes. Si finalmente se aprueba, esta norma beneficiaría con el acceso a la atención integral a alrededor de 8.500 refugiados y migrantes con VIH y a un promedio anual de 300 personas extranjeras que padecen tuberculosis, así como a sus familias”, detalló el documento.
Pese a ello, se destacó la reducción del 57% de la mortalidad materna a nivel nacional, que pasó de 87,7% en 2021 a 50% por cada 100 mil niños nacidos vivos en 2023. Otro de los problemas que genera preocupación es el bajo índice de cobertura nacional de vacunas completas en menores de 12 meses, que fue menor del 70%.
Respuesta a emergencias
Un análisis realizado por la ONU en materia de la respuesta a emergencias de las entidades correspondientes evidenció que 378 instituciones —entre las que destacan gobiernos regionales y locales, instancias académicas y ONG— fortalecieron sus capacidades para hacer frente a problemáticas.
“Se reforzó las capacidades de casi 5.000 trabajadores de entidades estatales y comunitarias en temas de preparación frente a emergencias, salud, refugiados y migrantes, entre otros. También se fortaleció el relacionamiento y las capacidades de la Superintendencia Nacional de Migraciones, lo que permitió el registro de 214 mil 633 solicitudes de personas refugiadas y migrantes que buscaban obtener el carné de permiso temporal de permanencia, así como el otorgamiento de 140 mil 695 amnistías para el pago de multas relativas a documentación”, apuntó el texto.
Percepción de la inseguridad ciudadana
Finalmente, en cuanto a la inseguridad ciudadana, se dio a conocer que, en 2023, esta problemática constituyó uno de los principales problemas del país, principalmente debido a los altos niveles de criminalidad y victimización registrados. “Más allá del incremento de los delitos, también se ha registrado un aumento de los niveles de violencia”, indicó la entidad.
Según relató la ONU, fue en respuesta a esta situación que el Gobierno declaró en estado de emergencia por 60 días a 11 distritos del país —ubicados en Lima y Piura—, puesto que se consideró clave la intervención de las Fuerzas Armadas para complementar los esfuerzos de la Policía Nacional del Perú (PNP).