El líder del Frente Esperanza, Fernando ‘Popi’ Olivera, anunció este lunes en Huancayo su candidatura presidencial y retó a un debate público a Alberto Fujimori, a quien ve como el posible candidato de Fuerza Popular para las próximas elecciones.
“Que se ponga al frente, atrévase. [...] Seguramente será el candidato del fujimorismo. Que lleve a Keiko de vicepresidenta y Kenji de segundo vicepresidente. [...] Desde aquí, reto a Alberto Fujimori a debatir, donde él quiera. [...] Es un mentiroso a carta cabal”, dijo en una actividad proselitista registrada por el portal Huancayork Times.
Olivera crítico a Fujimori, excarcelado en diciembre de 2023, por reabrir sus redes sociales (Facebook, X y TikTok) con el objetivo de “ampliar su defensa” en los procesos judiciales que tiene abiertos. “El que era moribundo ahora manda Tiktoks y censura al gobierno de Colombia diciendo qué sería del Perú si no hubiera acabado con el terrorismo”, siguió.
Desde que irrumpió en la política en 1990, Fujimori dividió a la sociedad peruana entre los que ensalzan su figura, al considerar que salvó a su país del terrorismo y el colapso económico, y los que remarcan que fue un autócrata que cometió graves violaciones a los derechos humanos y abusó de las instituciones democráticas para conservar su poder.
“Fujimori con [su exasesor Vladimiro] Montesinos compraron armas en Jordania para dárselas a los terroristas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, todo eso está documentado”, apuntó Olivera. El exdictador abandonó Perú envuelto en varios escándalos de corrupción, entre ellos la venta ilegal de armas a esa guerrilla.
El exgobernante colombiano Andrés Pastrana relató en 2014, durante la presentación de su libro de memorias, que su gestión descubrió que Fujimori y Montesinos compraron miles de fusiles en Jordania y luego los vendieron en secreto a las FARC.
En 2021, el expremier Guido Bellido anunció que Perú solicitaría a Chile la ampliación de la extradición para que Fujimori sea procesado por ese suministro ilegal de armas. La legislación estipula que, para juzgar a Fujimori por crímenes adicionales a los contemplados en su extradición de 2007, se requiere primero la autorización de las autoridades judiciales chilenas.
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