Alberto Fujimori y las razones por las que no le correspondería pensión vitalicia ni otros beneficios

El expresidente Alberto Fujimori viene generando controversia una vez más al solicitar al Estado peruano una pensión mensual de S/ 15 mil, junto con otras prerrogativas como seguridad y vales de combustible, argumentando que le corresponden por su antigua posición como jefe de Estado.

El exmandatario fue condenado a 25 años de prisión por su responsabilidad en los casos de Barrios Altos y La Cantuta y los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer Ampudia, donde se perpetraron ejecuciones extrajudiciales durante su gobierno. Esta condena, según lo establecido el artículo 2 en la Ley 26519, elimina la posibilidad de recibir una pensión vitalicia, ya que el indulto anula la pena, no la sentencia.

A pesar de ello, Fujimori, a través de su abogado Elio Riera, insiste en la validez de sus solicitudes. Estas incluyen la contratación de un asistente personal bajo la modalidad CAS, la asignación de vales de combustible para un vehículo registrado a nombre de su fallecida exesposa, vehículo Honda con placa AXX-588, y la pensión acorde a lo estipulado para un legislador, S/ 15,600.

El abogado de Alberto Fujimori argumenta que el exmandatario sostiene su estilo de vida a través de actividades personales, “como la venta de sus libros, y también el ingreso que tiene como jubilado por la Universidad Agraria de La Molina”. Sin embargo, estas afirmaciones han sido objeto de escrutinio por parte de diversos sectores, que señalan las deudas pendientes del expresidente.

Alberto Fujimori enfrenta una millonaria deuda por reparación civil, derivada de condenas por corrupción durante su gobierno. Esta deuda, que asciende a S/ 57 millones, aún no son saldadas y acumula intereses desde su condena en el año 2009.

La Procuraduría General del Estado reitero la responsabilidad del Ministerio Público de garantizar que Fujimori no abandone el país, especialmente en vista de los casos pendientes de extradición en su contra. Mientras tanto, las solicitudes del exmandatario permanecen en evaluación en la Oficialía Mayor del Congreso, que deberá determinar su viabilidad en función de la legislación vigente y las circunstancias particulares del caso.

Alberto Fujimori aún tiene cuentas pendientes con la justicia. A pesar de haber recibido indultos humanitarios en el 2023, todavía enfrenta procesos legales relacionados con diversas acusaciones. Estos asuntos judiciales abarcan desde graves violaciones de derechos humanos hasta corrupción y malversación de fondos públicos.

• Caso Pativilca

Uno de los casos más sonados que aún pesa sobre el padre de Keiko Fujimori es el denominado Caso Pativilca. En este proceso, se le acusa de ser el presunto autor mediato del asesinato de seis comuneros en la pampa San José y Caraqueño, en el distrito de Pativilca, Barranca, el 28 de enero de 1992. Según la tesis fiscal, estos crímenes fueron perpetrados por el Grupo Colina, una organización ilegal que operaba bajo las órdenes del gobierno del popular ‘Chino’.

En enero de 2018, Fujimori solicitó que se declare la extinción de la acción penal, pero el 9 de febrero del 2018, la Sala Penal Nacional rechazó el pedido y resolvió continuar con el proceso. “Resulta incompatible con los deberes de investigar, juzgar y sancionar graves violaciones de derechos humanos, siendo, además, una medida que, como hemos analizado, colisiona claramente con derechos fundamentales amparados en nuestra Constitución”, se indica en la resolución.

• Caso Chavimochic

Otro caso importante es el Caso Chavimochic, donde Fujimori está acusado de entregar fondos públicos del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) al empresario Augusto Miyagusuku para la compra de terrenos en el Proyecto de Irrigación Chavimochic, en La Libertad. Según la fiscalía, esta transacción fue resultado de actividades delictivas en las que participaron Fujimori y Miyagusuku.

• Otros siete casos pendientes

Además de estos dos casos mencionados, el expresidente del Perú enfrenta otros siete procesos judiciales pendientes. Estos incluyen acusaciones relacionadas con la venta de armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), así como delitos como homicidio calificado, asociación ilícita para delinquir y peculado doloso, entre otros.

Uno de los casos más sensibles es el de las esterilizaciones forzadas, donde Fujimori y varios de sus exministros están acusados de implementar una política de salud pública que incluía la esterilización de mujeres sin su consentimiento. Este caso fue calificado como una grave violación de los derechos humanos y está siendo investigado tanto a nivel nacional como internacional.