El procurador general de la Nación, Javier Pacheco, solicitó este lunes al Ministerio Público abrir una investigación preliminar contra el expremier Alberto Otárola y el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), Roger Arista, debido al espionaje denunciado por el contralor Nelson Shack el año pasado.
A través de un comunicado, la entidad requirió que ambos sean imputados por presunto peculado de uso, un delito que se configura cuando un funcionario o servidor público hace uso de bienes o servicios, que administra o tiene a su disposición por razón de su cargo, en beneficio propio o de terceros.
Según un informe de La República, el 24 de octubre de 2023, el equipo de seguridad del contralor detectó un operativo sospechoso cerca de su domicilio. Individuos no identificados, utilizando dos vehículos y un dron, vigilaban los movimientos en la residencia de Shack, quien comunicó este suceso al exjefe de Gabinete.
Los vehículos usados estaban registrados a nombre de una empresa asociada a Walter de La Torre Cueto, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros. A pesar de las solicitudes de comentarios, Otárola no respondió a través de su representante legal.
El diario también verificó que, aunque los vehículos están vinculados a la DINI, en el momento del incidente estaban asignados a la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (DIRIN).
En la víspera, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, afirmó que el Gobierno de Dina Boluarte desconocía el espionaje y solicitó una investigación célere a la Fiscalía de la Nación. “Desde el Gobierno rechazamos cualquier tipo de prácticas que puedan enlodar y empañar la trayectoria democrática que se está haciendo desde el Gobierno. No solo rechazamos, sino que reclamamos una investigación inmediata”, declaró en diálogo con Canal N.
“De haber tomado conocimiento, hubiésemos efectuado igual que hoy la protesta que corresponde y hubiésemos impuesto que se investigue hasta las últimas consecuencias. Estas prácticas son antidemocráticas e ilegales, no son permitidas en este Gobierno”, remarcó.
Arana desmintió cualquier conflicto con la Contraloría y negó que su labor de fiscalización represente un inconveniente para la gestión de Boluarte. Además, consideró que se trata de un suceso aislado e invocó a Otárola a ofrecer las explicaciones pertinentes.
”Con la Contraloría nunca ha habido algún tipo de desavenencia ni mucho menos derivada de la actuación que le corresponde en su función de control, según Constitución. ¿Cómo vamos a creer que [...] el ejercicio legal va a representar un problema para nosotros?”, aseguró.
La semana pasada, Boluarte planteó al Congreso nombrar a Pedro Cartolín, actual juez supremo provisional de la Corte Suprema, como el nuevo contralor general en reemplazo de Shack, cuyo mandato concluye en julio, conforme a la legislación vigente.
Para su designación es necesario el respaldo de más de la mitad de los legisladores. En caso de no conseguirse, el Ejecutivo deberá proponer a otro candidato. Una vez aprobado, Cartolín, quien es jurista con una maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional y ha ocupado importantes cargos en el sistema judicial, será oficialmente designado y tomará posesión del cargo.
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