Este jueves 9 de mayo, la Corte Superior de Justicia de Loreto, en Iquitos, evaluó una apelación crucial en torno a la decisión sin precedentes que confirió derechos autónomos al río Marañón, principal fuente del gran río Amazonas.
De acuerdo al Instituto de Defensa Legal (IDL), esta acción se produce como respuesta a los recursos presentados por Petroperú, la Autoridad Nacional del Agua (ANA), entidad adscrita a la cartera de Agricultura, y el Ministerio del Ambiente contra la histórica sentencia emitida en marzo que reconoce al mencionado río cualidades jurídicas propias.
La audiencia se llevó a cabo las 7:30 de la mañana y contó con la presencia de miembros de la Federación Huaynakana Kamatahuara Kana, encabezada por mujeres de la etnia kukama, y especialistas en el tema, quienes argumentaron en defensa de la conservación de esta fundamental fuente de agua para las comunidades indígenas y locales.
Según fuentes de Infobae Perú que estuvieron presentes en la audiencia, en el transcurso del juicio, tres juezas manifestaron que se tomará un tiempo para evaluar el caso en detalle debido a la extensa información presentada. En tanto, se está a la espera de un fallo favorable en segunda instancia, con la expectativa de que se ratifique la sentencia emitida previamente.
Logro indígena de mujeres kukama estaría en juego, advierten
Emilsen Flores y Gilda Fasabi, de la Federación Huaynakana Kamatahuara Kana, jugaron roles cruciales durante la audiencia, presentando el caso desde la cosmovisión kukama sobre la necesidad de proteger al río de amenazas ambientales.
“Esta lucha no es de poco tiempo. Es de años. La hemos empezado desde muy jóvenes y ya nosotros somos mayores. Había la necesidad de proteger el río. Lo hemos hecho por el bien del país y el mundo. Vamos a seguir trabajando en bien de todos, colectivamente, defendiendo nuestros territorios, nuestros ríos, nuestros bosques, para dejar como herencia a quienes vienen por detrás de nosotros”, manifiesta Emilsen Flores, convencida de que su voz debe ser escuchada por el sistema de justicia en esta nueva etapa del proceso.
En la misma línea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la abogada Maritza Quispe, del IDL, han criticado la postura de las autoridades por apelar un fallo que considera un avance en la protección del territorio y los derechos indígenas, así como la defensa de los ríos como entes vivos dignos de derechos.
“Es preciso recordarles a estas entidades que lo resuelto por la jueza de Nauta no es el primer caso que otorga esta titularidad a un río. La Corte Colombiana, a través de una acción de tutela, reconoció al río Atrato como sujeto de derecho. Incluso, hace poco, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso ‘La Oroya versus Perú’, ha reconocido el valor intrínseco de los ríos, poniendo énfasis en la importancia de proteger a los ríos”, añade Maritza Quispe, del IDL.
Se perdería una oportunidad para hacer historia, señalan
Desde 1997 hasta 2019, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) —institución encargada de supervisar a las empresas de minería, hidrocarburos, gas y electricidad en el Perú— registró más de 60 derrames de petróleo atribuidos a la falta de mantenimiento del Oleoducto Norperuano, administrado por Petroperú, además de la contaminación generada por actividades ilícitas como la minería ilegal.
Bajo ese antecedente, el Juzgado de Nauta exige a Petroperú la actualización de su Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) para prevenir futuros derrames de petróleo en el río Marañón, marcando un precedente en la protección de los recursos naturales de la región y los derechos de las comunidades indígenas.
Esta decisión fue respaldada por la demanda de amparo presentada en 2021 por las mujeres de la Federación Huaynakana Kamatahuara Kana y organismos de defensa ambiental como International Rivers y Earth Law Center.
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