Este jueves 9 de mayo, la Corte Superior de Justicia de Loreto, en Iquitos, evaluó una apelación crucial en torno a la decisión sin precedentes que confirió derechos autónomos al río Marañón, principal fuente del gran río Amazonas.
De acuerdo al Instituto de Defensa Legal (IDL), esta acción se produce como respuesta a los recursos presentados por Petroperú, la Autoridad Nacional del Agua (ANA), entidad adscrita a la cartera de Agricultura, y el Ministerio del Ambiente contra la histórica sentencia emitida en marzo que reconoce al mencionado río cualidades jurídicas propias.
La audiencia se llevó a cabo las 7:30 de la mañana y contó con la presencia de miembros de la Federación Huaynakana Kamatahuara Kana, encabezada por mujeres de la etnia kukama, y especialistas en el tema, quienes argumentaron en defensa de la conservación de esta fundamental fuente de agua para las comunidades indígenas y locales.
Según fuentes de Infobae Perú que estuvieron presentes en la audiencia, en el transcurso del juicio, tres juezas manifestaron que se tomará un tiempo para evaluar el caso en detalle debido a la extensa información presentada. En tanto, se está a la espera de un fallo favorable en segunda instancia, con la expectativa de que se ratifique la sentencia emitida previamente.
Logro indígena de mujeres kukama estaría en juego, advierten
Emilsen Flores y Gilda Fasabi, de la Federación Huaynakana Kamatahuara Kana, jugaron roles cruciales durante la audiencia, presentando el caso desde la cosmovisión kukama sobre la necesidad de proteger al río de amenazas ambientales.
En la misma línea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la abogada Maritza Quispe, del IDL, han criticado la postura de las autoridades por apelar un fallo que considera un avance en la protección del territorio y los derechos indígenas, así como la defensa de los ríos como entes vivos dignos de derechos.
Se perdería una oportunidad para hacer historia, señalan
Desde 1997 hasta 2019, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) —institución encargada de supervisar a las empresas de minería, hidrocarburos, gas y electricidad en el Perú— registró más de 60 derrames de petróleo atribuidos a la falta de mantenimiento del Oleoducto Norperuano, administrado por Petroperú, además de la contaminación generada por actividades ilícitas como la minería ilegal.
Bajo ese antecedente, el Juzgado de Nauta exige a Petroperú la actualización de su Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) para prevenir futuros derrames de petróleo en el río Marañón, marcando un precedente en la protección de los recursos naturales de la región y los derechos de las comunidades indígenas.
Esta decisión fue respaldada por la demanda de amparo presentada en 2021 por las mujeres de la Federación Huaynakana Kamatahuara Kana y organismos de defensa ambiental como International Rivers y Earth Law Center.
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