Fiscalía pide impedimento de salida del país por 36 meses contra Joaquín Ramírez, exmiembro de Fuerza Popular

En atención a una solicitud planteada por la Fiscalía de la Nación; el pasado 3 de mayo, el Poder Judicial agendó el pedido de impedimento de salida del país por un periodo de 36 meses en contra del actual Gobernador de Cajamarca, Joaquín Ramírez, en el marco del desarrollo de las investigaciones en el caso Alas Peruanas. La solicitud de impedimento abarca a otros conocidos miembros más cercanos a la cúpula de Fuerza Popular, partido que lidera Keiko Fujimori.

En la resolución, a la que accedió Infobae Perú, el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional resuelve agendar la audiencia de sustentación de pedido del Ministerio Público para el próximo 20 de mayo a partir de las 8:30 a.m. Pero esta solicitud no solo incluye a Ramírez, sino también al exintegrante de Fuerza Popular, Pier Figari. El mismo que fue incluido en las investigaciones por el caso cócteles, como miembro de una presunta organización criminal liderada por la excongresista Keiko Fujimori.

Junto a Joaquín Ramírez y Pier Figari, también se ha solicitado el impedimento de salida del país en contra de otros siete personajes cercanos a la Universidad Alas Peruanas que también están investigados. Estos son Maribel Lucrecia Ramírez Gallegos, Nancy Lizbeth Ramírez Gallegos, Nancy Teresa Gallegos Vela de Ramírez, Rosa Amparo Castañeda Cubas, Edmond Jordán Montes, Yohny Ramírez Núñez y Marco Antonio Urteaga Cabrera.

Así el juez Víctor Zúñiga Urday, colegiado a cargo de la sala que revisará el caso, ha dispuesto un plazo para la atención de los pedidos de la Fiscalía. En el documento, se ha dispuesto también que estas audiencias sean realizadas de manera obligatoria y presencial.

“Notifíquese al Representante del Ministerio Público para su participación obligatoria, bajo apercibimiento de ponerse en conocimiento del Fiscal Superior Coordinador y del órgano de control interno, en caso de verificarse su no participación injustificada. (...) Notifíquese a los investigados antes mencionados, a fin de que participe a la audiencia presencial, con su abogado defensor de su elección”, dicta la orden del magistrado Zúñiga Urday.

En el año 2016, se reveló el caso cócteles en el que se alertaron millones de soles aportados a Fuerza Popular que no se habían declarado; y de los que se sospechaba procedían del narcotráfico y demás actividades ilegales. y que eran, presuntamente, aclarados mediante la realización de cócteles de recaudación de cientos de soles. Al emitirse las alertas respectivas, la Fiscalía dio inicio a una investigación en la que quedaron implicados los más altos miembros del partido de Keiko Fujimori en dichos años. Estos acontecimientos fueron conocidos como el caso Cócteles.

Las pesquisas llevaron al Ministerio Público a definir que la recaudación de dinero del partido fujimorista constituía hechos de lavado de activos y a definir a Fuerza Popular como una organización criminal, la misma que estaba constituida por Vicente Silva Checa, Pier Figari Mendoza, Ana Herz, Jaime Yoshiyama, José Chlimper y Adriana Tarazona; además de Fujimori Higuchi y su entonces esposo Mark Vito Villanella.

Con el transcurso de las pesquisas, se advirtió también la injerencia del entonces secretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, quien estaba siendo investigado por DEA por presuntas vinculaciones ilícitas con el narcotráfico. El meollo del asunto radica en que, a su vez, Ramírez, junto a otros miembros de su familia, realizaron una gran cantidad de aportes en favor de Fuerza Popular desde las cuentas de la Universidad Alas Peruanas.

La extensión de los ilícitos llevó al Ministerio Público a crear un nuevo caso, conocido como el caso Alas Peruanas en el que se investigaban los movimientos, acciones y el patrimonio desplazado por Joaquín Ramirez y su familia, en favor del partido liderado por Keiko Fujimori.