El exdictador Alberto Fujimori (1990-2000), en cuyo mandato se cometieron graves violaciones a los derechos humanos y se gestó la mayor red de corrupción de la historia peruana, realizó tres solicitudes formales al Congreso para obtener una pensión, el pago de un asistente personal y vales de combustible, según un informe difundido este lunes por la Unidad de Investigación de Latina Noticias.
Las peticiones, firmadas por Fujimori y su abogado, Elio Riera, se fundamentan en un acuerdo de la Mesa Directiva que data del 2016. La primera, fechada el último 26 de enero, propone la contratación de Óscar Paredes bajo la modalidad CAS, para que sirva como su asistente.
Posteriormente, el 20 de marzo, fue firmado otro documento para requerir vales de combustible destinado a un vehículo Honda con placa AXX-588, registrado a nombre de Susana Higuchi, su fallecida exesposa. La última solicitud se presentó el 24 de abril, cuando el exdictador pidió una pensión acorde con la Ley 26519, que equivale al sueldo de un legislador (S/ 15,600).
En un mensaje enviado a la televisora, la defensa del exautócrata confirmó la tramitación de estos beneficios. “Sí, los he mandado yo, con firma del expresidente también. Le corresponde la pensión, los vales de combustible y el asistente. Además, hemos solicitado escolta presidencial al Ministerio del Interior. Todo esto le corresponde por ley”, dijo el letrado.
Los pedidos, que desataron opiniones en los legisladores, surgen mientras aún pesa sobre Fujimori una deuda por reparación civil de 57 millones de soles, derivada de condenas por el allanamiento irregular a la vivienda de su exasesor, Vladimiro Montesinos; la compra irregular de Cable Canal, y el pago indebido de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) a Montesinos.
Después de ser excarcelado, en diciembre del 2023, la Procuraduría General del Estado insistió en que dicho adeudo sigue vigente y que el monto acumula intereses. Fujimori renunció a su pensión de exmandatario y no posee bienes a su nombre que puedan ser utilizados para el pago de la indemnización civil.
La Procuraduría también enfatizó la responsabilidad del Ministerio Público de asegurar que el octogenario no abandone el país, especialmente ante la existencia de casos pendientes de extradición. Los pedidos del excarcelado aún se encuentran en la Oficialía Mayor del Congreso, que deberá evaluarlos y decidir si proceden o no, según el informe.
En respuesta a las críticas, Fuerza Popular emitió un comunicado que refuta a “una mezquina minoría” y la “izquierda radical”. La heredera política y excandidata presidencial, Keiko Fujimori, no se ha pronunciado oficialmente hasta el momento.
Apariciones públicas
A fines de abril, el exautócrata fue internado en una clínica para ser operado por un probable tumor en la base de la lengua. En los últimos años, ha sido operado seis veces debido a una dolencia pre cancerosa en la lengua (denominada leucoplasia) y ha enfrentado diversos problemas de salud, incluidos estomacales, vasculares, de presión arterial y pulmonares.
En 2017, Fujimori fue indultado por el presidente de ese entonces, Pedro Pablo Kuczynski, con base en el diagnóstico de una junta médica que concluyó que sufría de una enfermedad progresiva, degenerativa e incurable, y que permanecer en prisión representaba un grave riesgo para su vida.
A pesar de sus problemas de salud, en las últimas semanas ha sido visto paseando por Lima y participando activamente en redes sociales, incluso abrió un canal en YouTube para discutir su gestión y defenderse de acusaciones recientes. “El Gobierno de la presidenta Dina Boluarte va a continuar hasta el 2026. Por lo menos, Fuerza Popular y el fujimorismo así lo han acordado”, declaró en una de las entrevistas más controversiales después de salir de prisión.
Detención domiciliaria
Por otro lado, el Poder Judicial programó para este viernes 10 de mayo, a las 10:30 de la mañana, la audiencia donde se evaluará la apelación de la Fiscalía contra la decisión de primera instancia que rechazó imponer detención domiciliaria contra el Alberto Fujimori por el caso Pativilca.
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