Los efectos de la entrada en vigencia de “Ley Antiforestal” comienzan a verse en la Amazonía peruana. Esto luego que se diera a conocer, el 30 de abril, que más de 1.5 hectáreas de bosques primarios fueron arrasadas en el Área de Conservación Regional (ACR) Cordillera Escalera, situada en San Martín.
De acuerdo a Inforegión, las acciones de devastación ambiental fueron llevadas a cabo, presuntamente, con fines de comercialización de madera y para la agricultura, afectando a un ecosistema crucial para la biodiversidad y el suministro de agua.
Los bosques primarios, además de contribuir a las acciones de conservación, mitigan la crisis climática y garantizan el suministro de agua dulce, es decir, la que se utiliza para consumo humano y requiere para la alimentación y producción de energía.
Talaron 7 especies maderables
Javier Sinti, gerente general del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, que tiene como finalidad conservar y proteger los recursos naturales del área, confirmó que la deforestación impactó gravemente en la vegetación del lugar.
Pues, se talaron ejemplares de varias especies maderables, entre ellas están: el ojé, el shimbillo, el pinochuncho, el cetico, la fapina, el renaco y el pashaco.
Asimismo, durante la inspección realizada junto a la Policía Ecológica y la jefatura del ACR, se identificó a Gleiser López Tenazoa como el presunto responsable de este acto ilícito.
“Nos informaron que los guardabosques del Cerro Escalera intervinieron al presunto infractor de nombre Gleiser López Tenazoa y que de inmediato dieron a conocer a la jefatura correspondiente”, precisó Sinti.
Alertan sobre mala interpretación de Ley Forestal
En el mismo marco de los hechos, las autoridades señalan que este caso es un claro ejemplo del delito contra el medio ambiente, al estar prohibida la tala en áreas protegidas.
De la misma manera, resaltan la mala interpretación de la nueva Ley Forestal, la cual estaría siendo utilizada de manera errónea por los infractores para justificar sus acciones.
Esto debido a que dicha reforma legislativa —aprobada en enero por el Congreso tras un breve debate de 10 minutos— legaliza acciones de deforestación previamente ejecutadas sin la debida formalización.
“Esta acción constituye un delito, ya que está prohibido la deforestación en áreas de conservación regional. Aunque los infractores indican que gracias a la aprobación de la Ley Forestal aprobada hace poco en el Congreso tendrían la facultad de intervenir en las áreas protegidas. Están malinterpretando la ley”, acotó Javier Sinti, gerente general del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo a Inforegión.
De acuerdo a especialistas en materia ambiental, ahora, las propiedades privadas con títulos o constancias de posesión de tierras otorgadas por los Gobiernos regionales podrán evadir la clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor (CTCUM), eliminando así un importante control sobre el uso del suelo y el impacto ambiental de tales actividades.
En una entrevista realizada en diciembre del año pasado por Infobae Perú a César Ipenza, abogado especializado en materia ambiental, explicó:
“En otras palabras, lo que se está haciendo es generar una situación de impunidad y de facilitar o legalizar la deforestación, que ya se cometió. Lo que van a hacer ahora es que, por ejemplo, zonas de bosque, que hayan sido deforestadas, van a proceder a legalizarlas y, por ende, eso que era patrimonio de la nación, va a poder ser ahora sí de un privado en particular. Ya no se podrá hacer análisis de zonificación de esa zona, entonces, si no tienes esa posibilidad, no puedes decir si es bosque, y si no puedes decir que es bosque, entonces no es propiedad pública y puede ser susceptible a propiedad privada”.
¿Qué es la Cordillera Escalera?
Este territorio, que se extiende a lo largo de 149 mil 870 hectáreas entre el Bosque de Protección Alto Mayo y el Parque Nacional Cordillera Azul, en San Martín, no solo alberga una rica variedad de flora y fauna, sino que también provee de agua a cerca de 300 mil 000 personas.
También, se constituye como un sostén vital para numerosas comunidades rurales e indígenas. Por tal razón, las autoridades están tomando medidas legales al respecto, junto con el fiscal ambiental Manuel Adolfo Muro Bautista, para abordar la situación de riesgo en el área protegida.
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