PJ deja libres a exasesor de Patricia Benavides y empresaria Mirtha Gonzales tras apelación por el operativo Valkiria

La Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional ordenó liberación para Mirtha Gonzales Yep y Abel Hurtado, quienes fueron arrestados como parte de la operación ‘Valkiria XI’ que implica a la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides.

Se argumentó que se anularía sus órdenes de detención preliminar porque ambos no representan un riesgo de fuga ni de obstaculización del proceso judicial. La Sala señaló que Gonzales Yep tiene a su cargo a su hijo, madre y hermano. Y Hurtado habría mostrado predisposición de colaborar con las indagaciones.

Un testigo protegido reveló que Gonzales Yep ofrecía sobornos a los exasesores de la fiscal Benavides para favorecer a Castillo Alva, su pareja y acusado en el caso ‘Cuellos Blancos’, asegurando su protección.

Se indicó que hay detalles de las transacciones, que revelan pagos escalonados que suman 60 mil dólares, divididos en varias entregas a lo largo del primer semestre de 2023. Los desembolsos se efectuaron tanto en efectivo como mediante depósitos bancarios, culminando con la entrega final el 21 de junio.

Este plan incluía también la manipulación de testimonios ante la Junta Nacional de Justicia para exonerar a Benavides de cualquier responsabilidad en investigaciones en curso.

Castillo Alva y Gonzales Yep se habrían beneficiado de su proximidad al oficial Rodríguez Menacho para ofrecer servicios a la suspendida fiscal Benavides, utilizando su acceso a audios e información sensible para influir en investigaciones en curso y procedimientos legales.

La decisión, dictada este viernes 3 de mayo, contrasta con la situación de otros cuatro individuos, el exasesor Miguel Girado, el exgerente de oficina de logística de la Fiscalía Jorge Palomino, el capitán de la PNP Jorge Rodríguez Menacho, y José Luis Castillo Alva, quienes permanecerán bajo custodia por un periodo de 15 días debido a su presunta participación en actividades ilícitas

En una serie de eventos aparentemente coordinados entre enero y febrero de 2024, Mirtha Gonzales Yep, involucrada en el caso “La Fiscal y su Cúpula de Poder” en investigación por el Eficcop, buscó convertirse en colaboradora eficaz. Esto tendría lugar a través de una reunión facilitada por el periodista Humberto Jara, con el objetivo de proporcionar al equipo de Diviac, encabezado por el coronel Harvey Colchado, información crucial sobre delitos perpetrados por su pareja, Jose Luis Castillo Alva, y sus conexiones con Patricia Benavides. Sin embargo, este encuentro, celebrado con la participación de Gonzales y su abogado, no derivó en revelaciones significativas para la fiscalía.

El origen de esta reunión responde a la comunicación entre Jara y Colchado, donde se transmitió la intención de Gonzales de esclarecer acusaciones realizadas por Jaime Villanueva Barreto, apuntando hacia actos ilícitos cometidos dentro de este entramado de corrupción. Pese a la falta de pruebas concretas, se concertó una cita el 16 de febrero de 2024, con la presencia de ambos, el fiscal provincial Christian Niño Torres y su adjunto, esperando facilitar el proceso de colaboración eficaz de Gonzales.

Lo destacado por la fiscalía acerca del pago de Gonzales a Jara para mediar en la obtención de información relevante subraya el intento de implicar al exfiscal Villanueva y relacionar a Gonzales con actividades criminales. Esta acusación no culminó en una denuncia formal recomendada por Colchado, tras la alegación de Gonzales y el apoyo de audios sugeridos por Jonathan Rodríguez Menacho, quien fungía como informante dentro de este contexto investigativo.

El Equipo Especial investiga a Abel Hurtado Espinoza por tráfico de influencias y pertenencia a una organización criminal. Según las investigaciones, intentó influir de manera indebida en decisiones clave del Congreso, con objetivos claros: lograr la elección de Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo, conseguir la inhabilitación de Zoraida Ávalos y promover la remoción de miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Estas acciones estaban orientadas a manipular esta entidad autónoma constitucionalmente, buscando otorgar protección ante posibles procesos disciplinarios a Patricia Benavides.

La elección de Gutiérrez como Defensor del Pueblo y el intento de inhabilitar a Ávalos alcanzaron a concretarse, mientras que el esfuerzo por desplazar a los consejeros de la JNJ fracasó, debido a que el Parlamento incumplió el debido proceso en varias ocasiones.