En el Caso Manta, el proceso judicial que se encuentra actualmente en la etapa de alegatos finales, debería estar a punto de concluir luego de cuatro décadas de espera por parte de nueve mujeres de Huancavelica, que se armaron de valor y denunciaron a 13 militares peruanos por violencia sexual durante el conflicto armado interno.
La expectativa es que, después de esta fase, se proceda a la deliberación y posterior dictamen de la sentencia final. Sin embargo, la defensa de las víctimas ha señalado una nueva reprogramación de audiencias, admitida por el tribunal, lo que añade tensión a un proceso ya prolongado por presuntas irregularidades pasadas.
Nueva reprogramación de audiencia
El último jueves 2 de mayo, la organización feminista Demus, que acompaña la defensa legal de tres sobrevivientes, utilizó sus redes sociales para advertir sobre la reprogramación de la audiencia que debía darse en esa fecha. De acuerdo a lo precisado, previamente había existido un compromiso por parte de la sala penal responsable de llevar el caso para garantizar la emisión de una pronta sentencia.
“Importante anuncio: La sala penal, conformada por los jueces Hans Contreras Cuzcano, Marco Angulo Morales y René Martinez Castro, anunció en audiencia realizada que programó audiencias semanales, a desarrollarse cada miércoles. Recordamos que es la segunda vez que el colegiado se compromete a tomar medidas efectivas para asegurar una sentencia pronta. Esperamos que se cumpla con el cronograma establecido y continuamos firmes, exigimos sentencia justa y reparaciones integrales”, indicó en su cuenta oficial de Twitter el último 15 de abril.
Pese a lo expuesto, esta no sería la primera vez que se cambia la fecha y hora de una audiencia de forma arbitraria. Una de ellas fue la modificación sin explicación de la audiencia que debía darse el último martes 23 de enero a las 3.00 p.m. Esto pese a que las denunciantes habían requerido previamente un juicio célere.
¿Por qué se inició un segundo juicio por el Caso Manta?
El Caso Manta avanza hacia el cierre de su segundo juicio, iniciado en marzo de 2019, tras la anulación del proceso anterior. Este seguimiento judicial se reactivó después de que la defensa de las víctimas solicitase la incorporación del enfoque de género en el procedimiento, a fin de centrarse en el derecho a la verdad, la igualdad y la no discriminación.
La primera fase del juicio fue interrumpida por cuestionamientos hacia el tratamiento del caso, al señalar una presunta parcialidad que favorecía a los acusados.
La defensa argumentó que existía una revictimización y limitación del derecho a presentar pruebas relevantes al contexto del caso, elemento fundamental para entender la dimensión de los hechos juzgados. La apelación de estos puntos críticos dirigió el caso hacia la Corte Suprema, que reconoció la validez de las preocupaciones de la defensa, lo que marcó un precedente importante en el tratamiento judicial con enfoque de género.
Este segundo juicio representa una nueva oportunidad para que las víctimas busquen justicia por los crímenes cometidos hace más de 40 años. La paciencia y el coraje de estas mujeres han sido puestos a prueba en múltiples ocasiones debido a las dilaciones y complicaciones procesales que han caracterizado este caso.
Relevancia del Caso Manta
El Caso Manta posee una gran relevancia social y jurídica debido a que constituye parte importante de la memoria histórica del país y porque es, además, el tercer juicio en toda Latinoamérica que aborda la violencia sexual como crimen de lesa humanidad en contexto de conflicto.
“Es un caso que establece un hito histórico importantísimo para nuestro país y que también nos va a dejar lecciones aprendidas para que nunca más se viole en el marco del ejercicio del uso de las fuerzas por parte del Estado. Eso es algo que sucede hasta ahora y para nosotras es fundamental también porque eso tiene que ser proscrito expresamente como práctica porque si no se pone de manifiesto que ocurrió, oficialmente no hay un reconocimiento de que las violaciones sexuales eran usadas como ataques a las comunidades a las que se veía como enemigas terroristas y, entonces, no se prohíbe que esto ocurra”, explicó previamente Cynthia Silva, la directora y abogada de Demus, para Infobae Perú.
Para ella, esta sentencia sería histórica porque significaría que se les brinde justicia, verdad y reparación integral a las nueve sobrevivientes de violencia sexual por parte de 13 militares peruanos.