El expresidente Pedro Castillo no logró convencer al abogado Eduardo Pachas para que retome su defensa legal en el proceso penal por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 y apareció acompañado de su nuevo letrado principal en la audiencia de este viernes 3 de mayo.
La defensa de Castillo en dicho proceso penal ahora estará a cargo del abogado Luis Walter Medrano Girón, quien se ha visto involucrado en la presunta organización criminal “Los Terribles de la Impunidad” de Junín.
Medrano Girón ya había sido acreditado en febrero de este año como defensa exclusiva del exmandatario en el proceso por rebelión. Sin embargo, el exjefe de Estado creía que su abogado principal seguía siendo Eduardo Pachas, quien renunció a raíz de la designación del nuevo letrado.
“El señor Pachas ha presentado justamente el escrito que me acaban de hacer presente. Él estaba acreditado para asumir mi defensa en este caso, pero yo le pediría el favor que haya en todo caso una reprogramación toda vez que él es el que está llevando específicamente este caso. Entonces, el doctor Pachas voy a hacerlo llamar lo antes posible porque él es el que tiene mi carpeta”, manifestó Castillo en la audiencia del pasado viernes 26 de abril.
Ante ello, el presidente de la Sala Suprema Penal Permanente, el juez supremo César San Martín, reprogramó la audiencia de apelación para este viernes 3 de mayo.
Castillo ya tiene abogado, pero desiste de su recurso
La audiencia de este viernes 3 de mayo duró menos de 5 minutos debido a que el abogado de Pedro Castillo, Luis Medrano Girón, comunicó el desistimiento del recurso de apelación. Esto fue confirmado por el exmandatario. Castillo había impugnado una resolución del juez Checkley que rechazó una tutela de derechos para excluir pruebas del proceso penal.
¿Y Lilia Paredes?
El Gobierno de México ha concedido asilo a Lilia Paredes, cónyuge del exmandatario peruano Pedro Castillo, actualmente detenido por acusaciones de rebelión y complot contra el Estado de Perú. Este acto ha generado polémica en ámbitos políticos mexicanos tras conocerse que Paredes disfruta de una pensión mensual de 10,000 dólares, junto con hospedaje y beneficios adicionales. El caso pone en duda las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador, suscitando cuestionamientos sobre la equidad y la transparencia de su administración.
La oposición en México, representada por la diputada Mariana Gómez del Campo del Partido Acción Nacional (PAN), ha expresado su inquietud por lo que considera un trato preferente e injustificado hacia Paredes. Las acusaciones de falta de transparencia y uso inapropiado de los recursos públicos por parte del gobierno han intensificado el escrutinio sobre las condiciones y justificaciones del asilo otorgado. A su vez, esta situación ha avivado el debate sobre la imparcialidad en el otorgamiento de asilo político y los criterios que López Obrador emplea para tal fin.
Otras fuentes, incluida la periodista mexicana Ariadna García, han señalado que Paredes, junto a sus dos hijos, reside en un área privilegiada de la Ciudad de México y cuenta con una serie de comodidades que contrastan con la situación de otros asilados. Este nivel de vida, financiado por el erario público mexicano, junto con la seguridad personal proporcionada a la familia, ha sido objeto de críticas tanto en México como en Perú.
En Perú, Lilia Paredes está siendo investigada por su presunta participación en una red delictiva enfocada en adjudicaciones fraudulentas de licitaciones públicas durante el gobierno de su esposo. A pesar de que la Fiscalía peruana ha solicitado medidas cautelares contra ella, estas no han prosperado, manteniendo a Paredes fuera del alcance de las autoridades peruanas gracias a su estatus de asilada en México.
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