10% de peruanos viven con alguna discapacidad: ¿cómo responden las leyes a sus necesidades?

En Perú, la situación de las personas con discapacidad constituye un asunto de urgente atención. De acuerdo con informes recientes del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), aproximadamente el 10% de los peruanos enfrenta alguna forma de discapacidad, una realidad destacada por el medio RPP. Este significativo porcentaje no solo evidencia el alcance del reto, sino que recalca la necesidad crítica de crear y poner en marcha políticas de inclusión que garanticen los derechos y el bienestar de este colectivo. Ante esta circunstancia, el país ha experimentado la creación de un abanico de leyes enfocadas en fomentar la inclusión social y asegurar las prerrogativas de estas personas, abarcando desde la accesibilidad universal hasta su participación activa en el ámbito laboral.

La legislación peruana, encabezada por la ley general de la persona con discapacidad, busca asegurar una vida digna y plena para este segmento de la población, abarcando aspectos cruciales como la educación, el empleo, la salud, y el acceso a servicios y espacios públicos. Sin embargo, pese a estos esfuerzos legales, la implementación efectiva y el conocimiento general son aún obstáculos significativos. Este escenario plantea interrogantes sobre la eficacia de las medidas adoptadas y pone de manifiesto la necesidad de un compromiso más sólido para cambiar la realidad de casi el 10% de los peruanos, motivando a una reflexión profunda y a la acción colectiva para la plena inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad peruana.

La implementación de las leyes destinadas a proteger y garantizar los derechos de las personas con discapacidad en Perú enfrenta diversos desafíos que atentan contra su efectividad. A pesar de los importantes avances legislativos que busca fomentar la inclusión y participación de este grupo poblacional en todos los ámbitos de la sociedad, la realidad muestra que aún hay obstáculos significativos para su plena realización.

• Uno de los principales problemas es la limitación en la accesibilidad física en espacios públicos y privados. Edificios, transporte público y otros entornos frecuentemente no cuentan con las adecuaciones necesarias, lo cual restringe la movilidad y participación social de las personas con discapacidad. Aunque las normas exigen adaptaciones infraestructurales, su cumplimiento es desigual y, en muchos casos, insuficiente.
• La falta de conciencia y capacitación entre el personal de instituciones públicas y privadas es otro desafío notable. A menudo, existe un conocimiento limitado sobre las necesidades específicas de las personas con discapacidad y sobre cómo atenderlas adecuadamente. Esto se traduce en barreras no solo físicas, sino también en términos de actitudes y percepciones que pueden llevar a la discriminación o exclusión.
• Además, la fiscalización y seguimiento de la aplicación de las leyes son aspectos que requieren fortalecimiento. La carencia de mecanismos eficaces para monitorear el cumplimiento de las disposiciones legales y sancionar las infracciones limita la capacidad para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. La falta de datos actualizados y detallados sobre la situación de estas personas dificulta la evaluación de las políticas públicas y su ajuste para responder efectivamente a las necesidades identificadas.

En el Perú, el tema de la discapacidad ha cobrado mayor visibilidad en los últimos años, impulsando a las autoridades a reconocer y abordar las barreras que enfrentan las personas con discapacidad en su vida diaria. Esta toma de conciencia ha llevado a la creación y promulgación de una serie de leyes que buscan no solo proteger los derechos de estas personas, sino también fomentar su inclusión y participación activa en todos los ámbitos de la sociedad. Estas medidas legales son un reflejo del compromiso del Estado peruano con la creación de una sociedad más inclusiva, donde el respeto y la igualdad de oportunidades para todos sus ciudadanos sean la norma y no la excepción. Este compromiso se materializa en el conjunto de legislaciones compiladas en el compendio de normas sobre discapacidad, publicado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

• Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad: Esta es la ley principal que establece el marco legal para la protección y bienestar de las personas con discapacidad. Busca promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad.
• Ley Nº 30669 - Ley que promueve el acceso y cobertura de las personas con discapacidad a las tecnologías de apoyo, dispositivos y ayudas compensatorias.
• Ley N° 28084 - Ley que regula el Parqueo Especial para Vehículos Ocupados por Personas con Discapacidad, modificada por el Decreto Legislativo N° 1310.
• Ley N° 28530 - Ley de promoción de acceso a internet para personas con discapacidad y de Adecuación del espacio físico en cabinas públicas de Internet.
• Ley Nº 28735 - Ley que regula la atención de las personas con discapacidad, mujeres embarazadas y adultos mayores en los aeropuertos, aeródromos, terminales terrestres, ferroviarios, marítimos y fluviales y medios de transporte.
• Ley N° 29830 - Ley que promueve y regula el uso de perros guía por personas con discapacidad visual, modificada por la Ley N° 30433.
• Ley N° 29524 - Ley que reconoce la Sordoceguera como discapacidad única y establece disposiciones para la Atención de Personas Sordociegas.

En Perú, varias entidades desempeñan roles clave para asegurar el cumplimiento de las leyes en favor de las personas con discapacidad, entre ellas:

1. El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS): Es el organismo rector que tiene como objetivo promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. CONADIS vela por la aplicación de las políticas nacionales en materia de discapacidad, colaborando con diferentes sectores del gobierno y organizaciones de la sociedad civil.
2. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP): A través de diversas direcciones y programas, el MIMP trabaja por garantizar los derechos de las personas con discapacidad, promoviendo su bienestar y desarrollo social a través de políticas de inclusión y protección.
3. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE): Este ministerio tiene un papel importante en la promoción de la inclusión laboral de las personas con discapacidad, asegurando que las leyes relacionadas con la igualdad de oportunidades en el empleo sean efectivamente implementadas.
4. Ministerio de Educación (MINEDU): Es responsable de garantizar el acceso a la educación inclusiva de calidad para todos, incluidas las personas con discapacidad, asegurando adaptaciones necesarias y promoviendo un ambiente educativo inclusivo.
5. Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC): Tiene la tarea de garantizar que los sistemas de transporte sean accesibles para las personas con discapacidad, en línea con las leyes que promueven la movilidad inclusiva.
6. Defensoría del Pueblo: Esta institución juega un rol fundamental en la protección de los derechos de las personas con discapacidad, atendiendo denuncias y supervisando que las entidades públicas y privadas cumplan con la legislación vigente.