El Congreso de la República aprobó, el 21 de septiembre de 2023, una primera votación para modificar la legislación en torno a las empresas que incurren en infracciones graves contra el medio ambiente. La propuesta, originada en la Comisión de Energía y Minas, plantea la posibilidad de suspender o cancelar permisos, licencias o concesiones de las compañías que no atiendan las medidas correctivas establecidas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), según un reportaje del medio Convoca.pe. Esta iniciativa busca intensificar las sanciones contra las actividades extractivas que dañan el ecosistema.
La medida fue introducida por la congresista Margot Palacios, integrante de la bancada de Perú Libre, en noviembre de 2022, recibiendo aprobación en junio de 2023. Esta va dirigida a las empresas extractivas, principalmente sectores como la minería y la explotación petrolera, estableciendo que las suspensiones o cancelaciones de autorizaciones perdurarán hasta que las compañías remedien los daños ambientales causados.
Durante la discusión en el pleno, los partidos Fuerza Popular y Avanza País se opusieron, argumentando un exceso de regulación por parte de OEFA, que ya posee la facultad de suspender actividades por infracciones.
Sin embargo, la legislación existente, según el artículo 136 de la Ley General del Ambiente, solo contempla sanciones monetarias por incumplimientos, sin prever la pausa o terminación de las operaciones. Las medidas correctivas posibles incluyen desde capacitaciones ambientales obligatorias hasta compensaciones económicas por daños no reparables directamente.
El dictamen logró un cierto grado de consenso con 61 votos a favor, aunque enfrentó rechazo y abstenciones que suman un total que podría revertir la decisión en futuras votaciones. Los congresistas Arturo Alegría, vicepresidente del Congreso, integrante de la bancada de Fuerza Popular y Diana Gonzales de Avanza País, han solicitado reconsideraciones para una nueva votación sobre el proyecto. Esto plantea incertidumbre respecto a la aprobación final de la norma.
Entre las entidades que podrían verse afectadas por la nueva ley se encuentra Repsol, específicamente su Refinería La Pampilla, la cual fue objeto de 28 medidas administrativas por parte del OEFA debido a derrames de petróleo. Hasta ahora, 11 de estas medidas no han sido cumplidas, resultando en multas significativas para la compañía.
El futuro de esta legislación es aún incierto, y su potencial impacto en empresas y proyectos podría redefinir el marco regulatorio ambiental en Perú.
Congresistas que buscan la reconsideración de este proyecto
Arturo Alegría y Diana Gonzales han solicitado la reconsideración de un proyecto para que sea devuelto a la Comisión de Energía y Minas del Congreso. Alegría, quien ocupa el cargo de primer vicepresidente del Congreso, tiene un historial de acciones favorables hacia la empresa Repsol, siendo criticado previamente por impedir el debate de un informe que investigaba la responsabilidad de Repsol en un derrame de petróleo en Ventanilla en enero de 2022.
Esta solicitud de reconsideración tiene como antecedente una controversia en la que Alegría fue señalado por beneficiar a Repsol, al evitar la discusión de las conclusiones de una comisión investigadora sobre el derrame de petróleo en Ventanilla. La consultora Llorente y Cuenca, contratada por Repsol, había elaborado un documento que fue distribuido entre parlamentarios, argumentando que el informe de la comisión priorizaba aspectos políticos e ideológicos sobre los técnicos.
Según informó La República, estas mismas razones fueron esgrimidas por Alegría para justificar su intervención que devolvió el informe a la comisión respectiva en septiembre de 2022.
Además, existe evidencia de la interacción entre Alegría y la consultora, ya que se reveló que el congresista se reunió con Paola Fune, directora senior de Asuntos Públicos de Llorente y Cuenca, unos meses antes de su cuestión previa que impedía el debate del informe investigador. A pesar de las negativas de Alegría sobre influencias externas en su decisión, él admitió haber discutido los argumentos del recurso con miembros de su bancada, lo que levanta dudas sobre las motivaciones detrás de sus acciones parlamentarias.